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EL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL Y LA ENERGIA QUE DEBE CARACTERIZARLO

Post 15 Marzo 2018 By AgenciAne In Editoriales

Por Fernando Borja Gallegos

Por declaraciones publicadas en la prensa nacional, por algunos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se desprende que están dispuestos a poner fin a la corrupción e impunidad imperante en el país.

Para el efecto, como no podía ser de otra manera, solicitarán la documentación que requieran a las instituciones públicas para contar con los elementos necesarios que les permita evaluar a los funcionarios.

Según mi criterio, compete al referido Consejo remover a los más altos funcionarios del Estado que hayan cometido irregularidades. Pasó la época de las investigaciones simples y lentas que buscaban, exclusivamente, garantizar la impunidad de los infractores.No se puede aducir falta de normas jurídicas para evitar cumplir con el mandato del pueblo ecuatoriano otorgado el 4 de febrero del presente año.

El Ecuador soportó la infracción constitucional y legal por mucho tiempo. La expedición de tantas y tantas Constituciones lo fundamenta. Múltiples leyes, irresponsablemente modificadas, demuestra la fragilidad del Ordenamiento Jurídico.Por lo expuesto, abrigo la esperanza que la recta actitud del Consejo de Participación Ciudadana repercuta en bien de la sociedad y, por ende, se restablezca el imperio de la moral y de la ley.

La Contraloría General del Estado preparó un informe “AL EXAMEN ESPECIAL RELATIVO A LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2012 AL 2017”. Sobre las irregularidades encontradas, deben responder y explicar los funcionarios que se desempeñaron ya como Presidente de la República, Ministros de Finanzas, empleados del Banco Central, de Petroecuador, entre otros.

Se debe subrayar, también, el caso SINGUE, por el que se causaría un perjuicio al Estado de más de 90 millones. Además, el irresponsable manejo de los medios de comunicación incautados.

No se puede omitir citar las múltiples infracciones cometidas por funcionarios y exfuncionarios que, la Contraloría y la Fiscalía, investigan en estos precisos momentos.

Que decir de Yachay, de la Refinería de Esmeraldas, la que requiere, según autoridades de Petroecuador, reparación inmediata a pesar que se gastó en ella más de dos mil millones de dólares. No se debe olvidar las hidroeléctricas –megaproyectos- paralizados, sin que hasta el momento, se establezcan las responsabilidades pertinentes.

Por lo anotado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debe seguir actuando con rapidez y constancia, para salvar a la República del caos y la miseria.




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