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CONSTITUCIÓN Y LEY: DAMAS DE COMPAÑÍA

Post 21 Mayo 2018 By AgenciAne In Editoriales

Por: René de la Torre

En la “década ganada” desde la sabatina se hacían pronunciamientos que necesariamente orientaban autoridades y jueces.

Se dio el decreto ejecutivo que disponía “la renuncia obligatoria voluntaria para los servidores públicos”, eso es injurídico. Todavía no se deroga. En algunos organismos del Estado, la Constitución y la Ley se las irrespeta.

El IESS, por resolución, ha dispuesto que los jubilados mayores de 83 años no pueden novar sus créditos quirografarios.

Así se viola el Art. 11 inciso 2 de la Constitución. Nadie puede ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género….

Se burla el Art. 36 de la Constitución que dispone que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria.

Se burla el Art. 11 N.4 de la Constitución que manda que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.

El Art. 18 de la Constitución manda que todas las personas tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir, y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general…

La Ley de Comunicación que se dio en el Gobierno anterior desconoció esas disposiciones. La Asamblea Nacional prepara reformas a la ley. La información es un derecho de las personas y no un servicio público. Deberá determinarse que la información escrita que consta en cualquier medio impreso debe estar contenida en caracteres que puedan leerse. Hay información escrita que se necesita de una lupa para leerla.

Para muchos fiscales y jueces las leyes también son una simple dama de compañía. En el Art. 76 N.7 letra l) de la Constitución se dispone que toda resolución de los poderes públicos deberá ser motivada. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación… Esta norma con frecuencia no se respeta.

El Art. 422 N.1 del COIP dispone que la o el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un delito contra la eficiencia de la administración pública, están obligados a denunciar.

Esto no se cumple, hay que tener presente el Art. 268 del COIP. Proceder siempre con honradez y diligencia.

Después del terremoto se dictó Ley para reconstruir los daños causados en Manabí y Esmeraldas y para impulsar la economía productiva.

Es inexplicable que la tubería del proyecto Carrizal Chone todavía no se repara. Se ordenó la reestructuración de los créditos en el Banco Nacional de Fomento en liquidación, todo se hace con lentitud. ¿Hasta cuándo tanta mora y demora?

 

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