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Jueves, 02 Marzo 2017 21:56

CIDH REFUTA Y PONDERA EXPEDICION DE LEY ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA EN ECUADOR Destacado

Escrito por  ANE Agencia de Noticias de Ecuador

WASHINGTON, D.C. MAR.01( AgenciAne). – La Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador no contempla la posibilidad del control judicial y abre las puertas a interpretaciones abusivas en los casos de deportaciones o que los migrantes hayan cometido delitos contra el Estado, advierte la CIDH a la vez que pondera otros aspectos de la legislación.

El organismo de defensa de los derechos humanos de la OEA,cita por ejemplo que, en el caso de una decisión de inadmitir una solicitud de refugio (artículo 103) o de ordenar una deportación (artículo 144), la única forma de apelar la decisión es por la vía administrativa, con lo cual la ley no contempla la posibilidad de control judicial.

En el análisis jurídico que hace sobre dicha Legislación, vigente desde el 28 de enero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, advierte que hay discrecionalidad en la redacción de los conceptos jurídicamente sobre algunos artículos, que dejan las puertas abiertas a posibles interpretaciones abusivas. Por ejemplo, cita, entre las causales de deportación se establece que la persona haya “cometido delitos contra la estructura del Estado constitucional cuya pena privativa de libertad será menor a cinco años de acuerdo a la legislación penal”, no obstante que la figura de “delitos contra la estructura del Estado constitucional” no está prevista en el Código Penal ecuatoriano y tampoco está definida en el texto de la citada ley.

Otra causal de deportación es que “siendo visitante temporal en el Ecuador se inmiscuya en asuntos de política interna del Ecuador”. En este caso la Ley otorga un muy amplio margen de discrecionalidad. De igual manera, una causal para denegar la carta de naturalización, la residencia temporal, la residencia permanente o para inadmitir a una persona extranjera al país es “ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano”.

“Estas causales restrictivas de derechos deben ser interpretadas restrictivamente y su aplicación deben ser excepcionales, fundamentadas y siempre pasibles de control judicial. Además, de acuerdo al Artículo 142, cuando una persona no haya regularizado su situación migratoria en el término establecido en la ley, “la autoridad de control migratorio le notificará la obligación de salir del país en un plazo de treinta días, de no cumplirse este plazo se iniciará un procedimiento de deportación”. Los estándares interamericanos de derechos humanos establecen que la deportación debe ser siempre un último recurso, “ dice la CIDH.

Aparte de estas observaciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la expedición de dicha Legislación, especialmente por la inclusión principios tales como el de la libre movilidad humana bajo el amparo del Estado, la prohibición de la criminalización de personas en situación migratoria irregular, la igualdad ante la ley y la no discriminación, el interés superior del niño, niña y adolescente, el principio de no devolución cuando los derechos a la vida, libertad o integridad de la persona o sus familiares pueda estar en riesgo en el país al que se pretende retornarles, así como el principio pro-persona en movilidad humana, en el sentido de que la propia ley indica que las normas en ella contenidas serán desarrolladas e interpretadas en el sentido que más favorezca a las personas en el contexto de la movilidad humana.

Aplaude que la Ley confiera un estatus migratorio inicial como residentes temporales a las personas que sean reconocidas como refugiadas o apátridas, quienes después de dos años podrán solicitar la renovación de su residencia temporal o solicitar la residencia permanente. Asimismo, la Comisión destaca que la ley establece que la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación emitirá un documento de identificación nacional para las personas que sean reconocidas como refugiadas o apátridas

Otro importante avance de la ley es que establece un mecanismo excepcional de naturalización para que las personas que sean reconocidas como apátridas adquieran la nacionalidad ecuatoriana después de haber permanecido en el país al menos dos años. Asimismo, la Comisión destaca que la ley establece un procedimiento para el reconocimiento de la condición de apatridia, siendo Ecuador el primer país de Suramérica en establecer este tipo de procedimientos. El establecimiento del procedimiento para la determinación de la condición de apátrida, el otorgamiento de una condición migratoria como residentes, la entrega de documentos de identidad y de viaje, así como el mecanismo excepcional para la naturalización, representan medidas importantes para la protección de los derechos de los apátridas y para erradicar la apatridia en la región y dar cumplimiento a la Declaración y Plan de Acción de Brasil de 2014.

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