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Domingo, 01 Octubre 2017 17:15

CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA: BALANCE DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL FMI Destacado

Escrito por  Agencia ANE

QUITO,OCT.01(AgenciAne/ Diálogo a fondo.FMI)._ Las consecuencias económicas y políticas de la corrupción han pasado factura a la Región y los ciudadanos de América Latina están mostrando un creciente descontento exigiendo que los gobiernos tomen medidas más enérgicas contra este azote de la sociedad.

David Lipton, Alejandro Werner y Carlos Gonçalves, del FMI aseguran que la corrupción — abuso de un cargo público para beneficio privado — implica pagos ilícitos o favores y la forma en que estos se distribuyen puede ocurrir de diferentes formas: en un nivel “elevado” o político y darse también a un “insignificante” nivel burocrático. Cuando está tan generalizada y arraigada, la conducta corrupta puede convertirse en la norma, advierten.

Pero, agregan, existen otras formas de corrupción en niveles más bajos, como la oferta (insinuar un soborno) o la demanda (pedir un soborno). Cuando la corrupción sistémica es la norma, la gente cree que las otras personas están aceptando u ofreciendo sobornos. Ante esto, alejarse de lo ilícito es costoso desde el punto de vista del individuo.

Las percepciones de corrupción en algunos países, como Chile y Uruguay, son similares a las de economías avanzadas. Curiosamente, Chile y Uruguay también tienen buenas calificaciones en los indicadores de institucionalidad y buen gobierno, y presentan niveles de ingreso per cápita relativamente más altos. En el resto de la región los resultados no son tan buenos. Las razones son, en distinto grado, una deficiente aplicación de la ley, falta de transparencia fiscal, burocracia, vacíos jurídicos y marcos contractuales deficientes de contratación e inversión pública y una mala gestión de gobierno de las empresas estatales.

En Honduras la corrupción sigue siendo fuerte, pero su control ha mejorado notablemente gracias medidas adoptadas recientemente en cuanto a fuerza policial, administración de la seguridad social y administración tributaria. Pero en la mayoría de los cambios en América Latina son relativamente pequeños. Una vez instalada, la corrupción es difícil de erradicar.

Entre los costos que acarrea la corrupción están un menor suministro de bienes públicos, lo cual perjudica desproporcionadamente a los pobres; la distribución deficiente de talento y capital debido a incentivos distorsionados, niveles más altos de desconfianza en la sociedad y menor legitimidad del gobierno, mayor incertidumbre económica y menor inversión privada y extranjera.

La corrupción en América Latina sigue siendo excesiva. La lucha en su contra está convirtiéndose en una prioridad. Muchos países han actualizado o están actualizando sus marcos jurídicos y judiciales como Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Ecuador.

La operación Lava Jato en Brasil, la cual fue pionera en la región, refleja un poder judicial más eficiente, fiscales independientes debidamente equipados con los recursos y el apoyo decidido de los medios de comunicación y la sociedad. En Guatemala, por conducto de su Comisión Internacional contra la Impunidad (el órgano anticorrupción de las Naciones Unidas que colabora con los fiscales nacionales), reveló satisfactoriamente casos de evasión impositiva, lavado de dinero y financiamiento ilegal. Perú y la República Dominicana, entre otros, han presentado con decisión acusaciones contra antiguos funcionarios de alto nivel vinculados con el escándalo de Odebrecht.

Según Lipton, Werner y Gonçalves, un obstáculo para todo gobierno en la lucha contra la corrupción es la oposición de intereses creados que están sólidamente organizados. La complicidad entre los funcionarios públicos y los partidos políticos puede generar la necesidad de establecer una comisión anticorrupción especializada e independiente (Guatemala y, más recientemente, Ecuador) como parte de las iniciativas para frenar la corrupción.

Recomiendan marcos contractuales y de ejecución más sólidos, eliminación de las excepciones ad hoc, y posiblemente la exclusión de las renegociaciones contractuales en el corto plazo para superar vacios legales, lagunas fiscales y establecer un marco de transparencia. Otras iniciativas podrían consistir en garantizar subastas competitivas, realizar licitaciones obligatorias para gastos públicos adicionales, proporcionar información íntegra sobre los contratos adjudicados y sus modificaciones, dar seguimiento al gasto en contrataciones públicas, y formular políticas para reducir a un mínimo las prácticas corruptas de enriquecimiento en la tenencia y la zonificación de tierras.

Además recomiendan la creación de comités internos contra la corrupción a fin de fomentar relaciones estrechas entre los interlocutores internos y los auditores externos; suspensión de las actividades comerciales de los funcionarios electos, en los casos en esto que aún no se exija y suministrar incentivos para que se apliquen prácticas óptimas de transparencia.


Leer 108 veces Modificado por última vez en Lunes, 02 Octubre 2017 17:38
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