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Jueves, 01 Febrero 2018 11:44

COMUNIDAD TUNDAYME PIDE PROTECCIÓN PARA RECUPERAR PROPIEDADES OCUPADAS POR EMPRESA MINERA Destacado

Escrito por  AgenciAne

QUITO,FEB.01 ( AgenciAne)._ El juez Carlos Alfonso Dávila Ortega de la Unidad Judicial de Trabajo, tiene en sus manos decidir si acepta el pedido de protección judicial de 36 familias indígenas y campesinas de Tundayme desalojadas para permitir la actividad minera de la empresa Ecuacorrientes S.A.

Esta empresa opera en la provincia de Zamora Chinchipe. Obtuvo la concesión durante la administración del gobierno de la revolución ciudadana.

La Acción de Protección fue planteada en contra el Estado ecuatoriano y deberán responder los ministerios de Minería, del Interior, Ambiente y Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), así como la empresa minera Ecuacorrientes S.A.

Se solicita la reparación individual y comunitaria por daños de salud físicos y psicológicos, indemnización en favor de todas las víctimas, reubicación de las familias en un lugar que tenga características similares a las del territorio del cual fueron desalojados y que públicamente se reconozca la responsabilidad y se presente las disculpas por parte del Estado y de la empresa Ecuacorrientes S.A. que reconozca los daños causados y ofrezca garantías de no repetición.

La comunidad Tundayme ha sido víctima de una serie de violaciones a los derechos humanos,a la vivienda digna y al derecho a la consulta previa.

Anteriormente la mencionada comunidad ya planteó medidas cautelares para evitar más desalojos ilegítimos. Esta petición fue negada por una jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y Familia de Quito.

Tres desalojos ha sufrido la comunidad Tundayme, los cuales propiciaron la destrucción del pueblo y del Barrio San Marcos. El primero tuvo lugar el 30 de septiembre del 2015, cuando trabajadores de la empresa ECSA ingresaron al territorio de la Comunidad Cascomi con el apoyo de la policía y militares desalojaron a varias familias de la comunidad de San Marcos. El segundo se efectuó en la noche del 15 y madrugada del 16 de diciembre de 2015 afectando a 12 familias. Este hecho se lo realizó también con el apoyo de la Policía Nacional y la guardia privada de la empresa.En esa ocasión se demolieron y enterraron algunas casas de los habitantes de la comunidad; y el tercer desalojo se produjo el día jueves 04 de febrero del 2016.

Así mismo la demanda planteada es porque no se ha cumplido con lo que manda el Art. 57 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT de la que el Ecuador es parte que dispone que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a que se les consulte de forma previa, libre, oportuna e informada acerca de cualquier plan de explotación de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.

Desde el 2012 hasta la presente fecha, no se ha realizado consulta alguna para obtener su consentimiento sobre este proyecto. Este incumplimiento vuelve ilegal a la concesión del contrato de explotación minera,según los demandantes.

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