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Miércoles, 07 Febrero 2018 11:13

CORTEIDH DECIDIRA SI DESTITUYE A VOCALES DE CPCCS COMO LO DECIDIO PUEBLO ECUATORIANO Destacado

Escrito por  AgenciAne

WASHINGTON, D.C. FEB 07 ( AgenciAne)._ - La CorteIDH decidirá si  se va  en contra del 64 por ciento de los ecuatorianos  que, en un consulta popular que se realizó el pasado domingo 4 de febrero, votaron por la destitución de los miembros  del CPCCS y que éstos  sean reemplazados  provisionalmente por otros que elija  la Asamblea Nacional, hasta  que  los  nuevos  miembros  sean electos  en las  urnas en año que viene.

El pasado  4 de febrero  cada ecuatoriano fue consultado sobre lo siguiente: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos?

La respuesta masiva de más de 10 millones de ecuatorianos que acudieron a las urnas fue un SI rotundo.

Sin embargo  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió este martes 6 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una solicitud de medidas provisionales que plantearon   los ex vocales del  CPCCS,   Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela Vera García, pidiendo que se ordene al  gobierno de Ecuador (...)  “  que se abstenga de destituir a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador (CPCCS) y de crear un Consejo Transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivos de los derechos humanos."

El pedido de los antes mencionados vocales que acaban de ser despedidos por votación popular fue presentado el 28 de diciembre de 2017 a la mencionada Comisión Interamericana. Los demandantes adujeron que fueron nombrados para esos cargos para el periodo 2015-2020 y que conforme a la normativa interna ecuatoriana sólo pueden ser destituidos a través de enjuiciamiento político ante la Asamblea Nacional.

Menciona la CIDH que de “ la información disponible se desprende que el Consejo de Transición que se designe tendrá la facultad de realizar evaluaciones de desempeño y, de ser el caso, destituir y nombrar a diversos altos funcionarios dentro de los cuales se encuentran los titulares de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, al titular de la Fiscalía General del Estado, y las juezas y jueces del Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo de la Judicatura, entre otras autoridades.” Según la CIDH este caso podría reunir los requisitos de extrema gravedad, urgencia, así como de daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención para el otorgamiento de medidas provisionales.

En cuanto al requisito de extrema gravedad, la Comisión dice que la Corte Interamericana podría valorar que el mecanismo de participación popular estaría siendo utilizado para evadir el procedimiento legal de destitución del actual Consejo de Participación Ciudadana. Asimismo, anota que se tomen en cuenta las amplísimas facultades que se le otorgan al Consejo de Transición, que incluyen entre otras, la posibilidad de nombrar a diversas autoridades de control, a las más altas autoridades en materia electoral, de persecución penal y a los miembros del Consejo de la Judicatura quienes a su vez tienen la potestad de examinar y destituir a todas las juezas y jueces del país.

La CIDH además señala que si bien la facultad de destitución del Consejo de Transición sería reglamentada para garantizar el debido proceso, ello abre la puerta a un espacio de incertidumbre respecto de los criterios objetivos que evaluaría el consejo. La Comisión también mencionó la ausencia de control constitucional previa de la propuesta de referéndum, como elemento que podría ser valorado por la Corte IDH.

Finalmente en cuanto al requisito de irreparabilidad, la Comisión estimó que de implementarse el resultado del referéndum en cuanto a la tercera pregunta relativa al Consejo de Participación Ciudadana, quedarían cesados los actuales miembros del Consejo, y se pondría en marcha un engranaje institucional cuya propia existencia y efectos concretos en el panorama de conformación de las autoridades más importantes del país sería difícil de revertir.

 

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