El Informe sobre Envejecimiento Poblacional del Observatorio Demográfico de América Latina y el Caribe de la ONU, establece que “el grupo personas de 60 años y más presenta tasas de crecimiento superiores a las del total de la población, del grupo de menores y del grupo de población activa”, y que “se prevé que esas tasas sigan siendo positivas hasta el período 2080-2085”. En ese sentido, las personas mayores son percibidas actualmente como personas activas en el desarrollo, cambiándose el estereotipo de la vejez asociada a la pasividad o inactividad a un paradigma de la persona adulta mayor como un factor de mejoramiento de la sociedad que debe ser incluido en la agenda del gasto público, y en programas y políticas de todos los niveles, que deben ser ajustadas al aumento progresivo de la población mayor en los países de la región.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos,CIDH por su lado, dice que ha identificado problemas importantes como la violencia de los ancianos tanto en hogares de cuidado públicos y privados como en el núcleo familiar.Son víctimas de violencia física, psicológica y sexual, malos tratos y el abandono, discriminación en la esfera pública, discriminación lingüística, aislamiento, negligencia, abandono, explotación económica y restricción en el acceso a la satisfacción de necesidades básicas,advierte.
La CIDH asegura que las personas mayores sujetas a situaciones de pobreza son mucho más susceptibles a diferentes formas de abuso y malos tratos, debido a su falta de independencia económica y de acceso a servicios esenciales como la salud y cuidado, vivienda y protección social.
Así mismo ha observado que las personas mayores LGBTI, enfrentan distintas formas de violencia: invisibilización y discriminación. Lo mismo les ocurre a las mujeres mayores, personas discapacidades, afrodescendientes, indígenas, y general a las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, campesinos, personas en situación de calle, migrantes y refugiados, entre otros grupos.
La CIDH llama a los Estados miembros de la OEA ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores y a adoptar medidas para garantizar el disfrute de otros derechos fundamentales para una vida digna como el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, la participación en la comunidad, la eliminación de los enfoques asistencialistas en la implementación de las políticas públicas de la tercera edad y la transición hacia un enfoque de inclusión y priorización de las personas mayores en la sociedad, asegurando su independencia y autonomía sobre la base de la igualdad y la no-discriminación.
