La decisión fue por unanimidad tras conocer el informe de evaluación a que fueron sometidos dichos consejeros.
El informe concluye que no hubo legitimidad en el cargo de los consejeros por la falta de parcialidad de la autoridad que los designó, incumplimiento de aptitud sea por falta de capacidad profesional o probidad, incumplimiento del marco legal para la designación y para las principalizaciones de los consejeros, falta de motivación de las resoluciones que los designó, falta de participación ciudadana y transparencia dentro del procedimiento de designación, falta de publicidad de la información sobre posibles conflictos de intereses de los consejeros.Se determina que los funcionarios destituidos no brindaron seguridad jurídica a los ciudadanos, al contrario, que hubo interferencia subjetiva antes que jurídica, lo que cae en incumplimiento de su rol de garante de los derechos políticos de los ciudadanos.
Además hubo abusos al atribuirse facultades que no les correspondían al cancelar movimientos políticos, requerir requisitos no previstos en la ley, negarse a entregar información e incumplir su obligación de brindar procedimientos administrativos confiables a los ciudadanos.
El documento indica que existieron irregularidades en varios contratos, que el CNE ha incumplido con su obligación de publicar la información relevante para la ciudadanía, así como de entregar la información requerida para el proceso de evaluación.
Finamente el Informe indica que la percepción que la ciudadanía tiene de la institución es de total desacuerdo con las actuaciones de sus miembros, según encuestas.
