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Jueves, 02 Agosto 2018 21:25

OEA COADYUVARA PARA RESTABLECER DIALOGOS EN NICARAGUA. VIOLENCIA DEJA 317 MUERTOS Destacado

Escrito por  ANE Agencia de Noticias de Ecuador

WASHINGTON,AGO.02( AgenciAne)._ El Consejo permanente de la OEA decidió nombrar un Grupo de Trabajo para apoyar en la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles para la situación que vive de inestabilidad, violencia y represión gubernamental que vive Nicaragua

La decisión incluye su voluntad de coadyuvar al proceso de diálogo nacional, incluyendo medidas de apoyo, acompañamiento y verificación en coordinación con los esfuerzos en curso de la Organización, del SICA y de otros actores regionales e internacionales.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH la situación actual es la siguiente:

Continúa la persecución y criminalización por parte del Estado en contra de manifestantes, opositores y personas que participan en diversas formas de protesta.

Hasta el 30 de julio, el número de personas fallecidas desde el 18 de abril de 2018, asciende a 317; de las cuales 21 serían policías.

El número de niñas, niños y adolescentes fallecidos en el contexto de la crisis supera los 23. .

Gobierno ha intensificado las prácticas de persecución judicial y criminalización contra los manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos

Se han realizado detenciones arbitrarias violentas y contra su voluntad por parte de grupos encapuchados y armados.

Los detenidos son víctimas de malos tratos antes de ser entregados a comisarías de la Policía Nacional o al Auxilio Judicial, especialmente en Managua.

Las detenidas no son informadas de sus derechos al momento de la detención, ni de los cargos que se les imputan y no se exhiben órdenes judiciales; ni sus familiares reciben información sobre el lugar donde se encuentran.

Fueron detenidos, en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, Christian Rodrigo Fajardo Caballero y María Adilia Peralta Cerrato, integrantes del movimiento 19 de abril en Masaya, quienes estan acusados de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos.

El gobierno no entrega información sobre el número de personas que han sido detenidas desde el inicio de las protestas del 18 de abril ni las causas de detención; duración de la privación de libertad; lugar de detención; número de personas que actualmente se encuentran detenidas con motivo de las protestas y número de personas excarceladas; género, edad y ocupación de las personas.

La persecución judicial y la criminalización se enmarca en un contexto de declaraciones estigmatizantes e intimidatorias por parte de las autoridades estatales, entre las cuales resultan particularmente preocupantes aquellas que califican a las personas como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes” en el contexto de investigaciones judiciales en curso.

Hay falta de respuesta estatal a las peticiones hechas por la CIDH para visitar de manera regular y sin limitaciones los principales centros penitenciarios y entrevistarse con los detenidos.

Al menos 80 personas habrían sido despedidas de manera injustificada del Hospital Oscar Danilo Rosales (HEODRA), en la ciudad de León y del Hospital Regional Santiago, en Jinotepe, por presuntamente participar en la toma del hospital o ayudar a los heridos.

El 29 de julio en Chinandega, un grupo de “hombres encapuchados, a bordo de camionetas y fuertemente armados, se tomaron tres propiedades al occidente del país.

Como consecuencia de los hechos violentos y de diversas formas de persecución, estudiantes, manifestantes, defensores de derechos humanos, víctimas y sus familiares se han visto forzadas a huir de sus hogares y desplazarse a otras zonas del país o han tenido que migrar del país para pedir protección internacional, dirigiéndose principalmente a Costa Rica, Honduras, Panamá, Estados Unidos y otros países de la región. Actualmente, se presentan un promedio de 200 solicitudes de asilo por día en Costa Rica, país que ha recibido alrededor de de 15.000 refugiados.

 

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