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Miércoles, 26 Septiembre 2018 19:51

PIDEN A CORTE PENAL INTERNACIONAL INVESTIGAR EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN VENEZUELA Destacado

Escrito por  ANE Agencia de Noticias de Ecuador

NUEVA YORK,SEP.26( AgenciAne)._ Perú , Argentina , Canadá , Colombia , Chile y Paraguay solicitaron a la Corte Penal Internacional de La Haya, realice una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El pedido de los cinco países está acompañado de los informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), que documenta ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos en Venezuela y el otro preparado por un grupo de expertos que designó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Esta demanda se suma a la que Almagro hizo a la fiscal de la Corte Penal Internacional,CPI, Fatou Bensouda, en mayo pasado en la que, así mismo, pidió que abriera una investigación.

Según los informes de los dos organismos hay un "fundamento razonable" para considerar que once personas, entre ellas el presidente venezolano Nicolás Maduro, y miembros de las Fuerzas Armadas, consumaron presuntos crímenes de lesa humanidad.

Los informes revelan que ha habido, por lo menos, 131 asesinatos mientras participaban en manifestaciones contra el gobierno y en el que los ejecutores de los crímenes fueron miembros del aparato de seguridad del Estado y/o de los colectivos civiles armados y formados por Maduro.

También aseguran que se han perpetrado al menos 8.292 ejecuciones extrajudiciales, cometidas como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, especialmente contra miembros de la oposición o personas identificadas como tales.

Asimismo, se recibió información de más de 12.000 detenciones arbitrarias, 289 casos de tortura y 192 casos de violaciones a personas bajo el control del Estado y un número no determinado de desapariciones forzadas. Igualmente puntualizan que millones de venezolanos son víctimas de privación deliberada de alimentos y medicinas.

Todos estos actos criminales se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y opositores políticos. Los actos de violencia no ocurrieron en forma aislada, sino que fueron planeados y organizados siguiendo un patrón de violencia. Los ataques fueron en en gran escala y masivos, dirigidos contra personas perseguidas, encarceladas, desaparecidas, torturadas, y/o violadas o que sufrieron violencia sexual.

A esto se añade que hubo un fuerte ataque en contra del estado de derecho y del sistema de justicia, incluyendo la complicidad criminal de jueces y fiscales para alcanzar una impunidad total frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por las altas autoridades del Régimen, del aparato de seguridad del Estado y los colectivos civiles.

La criminalidad y la impunidad continúan, profundizando la grave situación en la que se encuentran los venezolanos, privándolos de sus derechos fundamentales a la vida, la libertad, la salud, la dignidad, y a ser protegidos contra la persecución. La inexistencia de mecanismos nacionales eficientes y la dificultad en la que se encuentran los mecanismos regionales para ponerle fin a las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela son otros elementos que abonan para la grave situación que viven ese país.

A esto se añade la crisis migratoria ya que cientos de miles de venezolanos llegan a países de la región ante la crisis humanitaria en curso. Según la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) unos 2,3 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014.

Todo esto deberá tomar en cuenta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la CPI y, ponerle fin a la impunidad en Venezuela y evitar la repetición de tan graves hechos que ofenden la conciencia de la comunidad internacional.

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