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Sábado, 20 Octubre 2018 22:06

MILITARES SON ACUSADOS POR TRÁFICO DE ARMAS DE FUEGO Y NUCLEARES Destacado

Escrito por  ANE Agencia de Noticias de Ecuador

ESMERALDAS, OCT.20.(AgenciAne)._ Los 13 miembros de las FF.AA. y civiles que se sospecha abastecían de armamento a grupos disidentes de las FARC, entre ellos, a Walter Patricio Artizala,alias “guacho”, están acusados de los delitos de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares y biológicas.

Este grupo integrado por 7 miembros activos de las fuerzas armadas y 6 civiles fueron capturados en una operación simultánea que se realizó, tanto en las oficinas de la Comandancia General del Ejército, sede Quito, como en 13 domicilios particulares y 5 recintos militares de las provincias de Loja, Guayas y Esmeraldas.

El juez de San Lorenzo, en la audiencia de formulación de cargos, atendió en su totalidad el pedido del fiscal Álvaro Gaybor de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT) de la Fiscalía General de Estado y dictó prisión preventiva para los 7 militares en servicio activo y 6 civiles, uno de ellos funcionario de la Comandancia del Ejército y una mujer que, al parecer era la líder de la Organización criminal.

Las 13 personas están acusadas por delincuencia organizada, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas delitos tipificados en los artículos 369 y 362 –inciso segundo- del Código Orgánico Integral Penal, COIP, respectivamente.

Según la Fiscalía, este grupo pertenecía a una organización delictiva dedicada al abastecimiento de armas de fuego a grupos disidentes de la frontera norte, incluido el de alias “Guacho”, quien a su vez, tendría un brazo operativo logístico de abastecimiento en la provincia de Esmeraldas específicamente en el cantón San Lorenzo.

Dicha Organización operaba con el el apoyo de personal militar encargado de los rastrillos,bodegas de armamento municiones y pertrechos.Ellos proveían de municiones para armas largas y cortas a grupos irregulares, los cuales transportaban el armamento en vehículos livianos y de transporte público, camuflándolo en productos comestibles hasta llegar a la zonas de frontera.

Para cometer el acto ilícito se alteraban los registros de la base de datos del sistema de inventarios logísticos del Ejército a fin de justificar el faltante de armamento, municiones y pertrechos de sus rastrillos. Los integrantes de esta estructura delictiva cumplían sus roles definidos.

La instrucción fiscal en este caso durará 90 días tiempo en el que la Fiscalía profundizará las investigaciones.

El comandante general del Ejército, Roque Moreira, indicó que les “ duele lo que está sucediendo” al reiterar la política castrense de “cero tolerancia a actividades ilícitas en las que estuviera involucrado personal militar”.

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