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Sábado, 27 Octubre 2018 19:58

EN ECUADOR AUN SE CRIMINALIZA APLICACION DE LA JUSTICIA INDÍGENA Destacado

Escrito por  ANE Agencia de Noticias de Ecuador

QUITO,OCT. 27 ( AgenciAne)._ En Ecuador son sancionados los jueces que respetan la aplicación de la justicia indígena y sigue la deuda que tiene el Estado para ayudar a encontrar a miles de desaparecidos involuntariamente.

Los casos concretos sobre estos hechos ocurridos a lo largo de estos últimos diez años fueron conocidos por la Comisión Interamericana de Derechos humanos, CIDH. Los presentaron varias organizaciones sociales que pidieron que dicho organismo nombre una delegación especial que visite el país y elabore un informe de la situación.

Las organizaciones sociales sostienen que la justicia indígena no es sancionatoria sino armónica, que busca la complementariedad, dualidad, reciprocidad y equilibrio con la justicia ordinaria.En cambio el Estado ecuatoriano piensa lo contrario y señala que existe el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena y que los jueces deben observar el principio pro indígena en las resoluciones de sus casos. Asimismo, señaló que el Código Penal no establece tipo penal alguno que criminalice a las autoridades indígenas.

Otro caso que conoció la CIDH es la situación de las personas desaparecidas. Las organizaciones que se quejaron en la reunión ordinaria anual de la CIDH, sostienen que, aunque el delito de desaparición forzada esté tipificado en el Código Penal, el mismo no tipifica la desaparición involuntaria, ni contiene disposición alguna que permita iniciar procesos investigativos penales cuando estos hechos ocurren.

Agregaron que la rotación de fiscales impide que se mantengan líneas permanentes de investigación y obstaculiza los procesos. Además han denunciado que la Fiscalía del Estado tiene la tendencia a archivar casos de desaparición por pequeños obstáculos procedimentales, que tarda meses o años para reabrir los casos; que las diligencias se realizan sin pericia o técnicas adecuadas a veces invalidando o perdiendo pruebas importantes; que se realizan diligencias revictimizantes para los familiares y hay no hay procedimientos adecuados para la sistematización de casos y estadísticas unificadas.

También se quejaron que el Estado no tiene regularizados sus estándares de investigación de acuerdo a lo establecido en los sistemas internacionales de protección, tampoco proporciona asistencia y ayuda psicosocial a los familiares de las víctimas ni garantiza la tutela judicial en los casos de desapariciones forzadas en centros de salud pública y no hay aún normativa penal para tipificar la desaparición involuntaria.

El Estado, por su lado, argumenta que ya existe una base de datos de personas desaparecidas, que se esfuerzan por depurar y corregir informaciones inconsistentes y que se han creado unidades fiscales y oficiales especializadas,así como que se han desarrollado protocolos de atención prioritaria a familiares de desaparecidos y apoyo jurídico y psicológico.

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