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Lunes, 18 Febrero 2019 20:20

EXMINISTRO IVAN ESPINEL AFRONTA OTRO JUICIO POR ILEGAL AUMENTO DE PATRIMONIO Destacado

Escrito por  ANE Agencia de Noticias de Ecuador

GUAYAQUIL(FEB.18.2019,AgenciAne)._ El ex ministro del gobierno de la revolución ciudadana y del movimiento PAIS, Iván Espinel, seguirá preso mientras afronta otro proceso penal por haber aumentado ilegalmente su patrimonio personal.

Por el delito de peculado que también está procesado, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas lo declaró inocente junto a otros siete procesados.El mencionado Tribunal no acogió los elementos de convicción de la Fiscalía, ni los informes de la Contraloría General del Estado que establecen responsabilidades penales por el delito de peculado del citado exministro.

La declaratoria de inocencia ha sido apelada por la Fiscalía General y la Contraloria General, mientras que el Consejo de la Judicatura ha expresado su total independencia ante la decisión del Tribunal de Garantías Penales de Guayas.

Según el Consejo de la Judicatura, “la independencia judicial, tanto interna como externa, es un principio y un mandato constitucional” por lo tanto el “Consejo como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, no puede intervenir en la administración de la justicia, sin embargo, jamás permitirá ni la corrupción ni la impunidad en la Función Judicial.”

Señala el comunicado que estarán “pendientes del recurso de apelación de la Fiscalía General del Estado, por el cual el órgano superior ratificará o revocará esta decisión y verificará si la actuación de los jueces fue conforme a derecho, caso contrario el Consejo iniciará las acciones disciplinarias respectivas.

En cuanto al juicio por lavado de activos o incremento ilegal del patrimonio, fue la Unidad de Análisis Financiero y Económica (UAFE) la que presentó en mayo del 2018 la acusación particular en contra de Espinel en la Unidad Judicial de Samborondón. También se realizó el trámite en contra de Walter Andrade.

La UAFE en este caso interviene como sujeto procesal porque verificó la compra de bienes inmuebles y depósitos en efectivo de altas sumas de dinero del citado ex funcionario de la revolución ciudadana. Por su lado la Fiscalía General de Estado también acusa a Espinel, de un presunto delito de lavado de activos en base a una presunción de introducción de fondos ilícitos a su patrimonio, un dinero del que se ha pretendido “aparentar” un origen legal, según la fiscal del caso, Ivonne Proaño, fiscal de la Unidad de Lavado de Activos. Por este caso Espinel está detenido por orden de la jueza Paola Dávila, de la Unidad Judicial Multicompente de Samborondón. Dicha jueza dispuso el congelamiento de fondos de las cuentas bancarias del exministro y prohibió la enajenación de una casa valorada en USD 335 000y de un vehículo híbrido de lujo de USD 36 000.

Otros elementos de convicción presentados por la Fiscal son los reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, (periodo 2010-2016), el informe con Indicios de Responsabilidad Penal remitido por la Contraloría General del Estado (periodo 2012-2016) y las declaraciones realizadas al Servicio de Rentas Internas, SRI, (periodo 2010-2016). También se cuestionó el pago de la casa del exministro. Según la investigación una parte fue cancelada por medio de un préstamo hipotecario del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y la otra a través de depósitos en efectivo, efectuados por Walter Andrade a la empresa constructora que le vendió la vivienda a Espinel.

De otro lado, varios informes de la Contraloría General del Estado determinan responsabilidad civil culposa en contra Espinel, por supuestas irregularidades en su desempeño como funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), donde estuvo hasta el 2014. Los informes determinan glosas por los presuntos perjuicios al IESS, dentro del proceso de facturación y pagos a clínicas que forman parte de la red de prestadores de servicios médicos. Uno de los mencionados informes señala un supuesto perjuicio al IESS de $ 42’936.856.

El informe señala que varias clínicas y hospitales privados de Guayaquil ingresaron reclamos de pago de servicios prestados en contra de la norma expresa, por $ 436’776.917, cuando correspondía $ 393’840.061. “Además planillaron por honorarios de servicios médicos, por servicios de habitación (…), exámenes de laboratorio e imagen, con valores superiores a los establecidos en el tarifario del Ministerio de Salud Pública…”. Uno de los exámenes especiales cita como ejemplo que una de las clínicas cobró $ 11.770,81, por una cirugía que, según el tarifario oficial, costaba $ 1.209,29, “por lo que existió un pago en exceso de $ 10.561,51…”

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