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ECUADOR: ENTRE LA COMISION INTERNACIONAL ANTICORRUPCION Y LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Post 21 Febrero 2019 By Fernando Borja Gallegos In Editoriales

Por Fernando Borja Gallegos

El Presidente Lenin Moreno anunció la creación de la Comisión Internacional Anticorrupción, mediante cadena nacional informó que dispuso que el Canciller Valencia se reúna con personeros de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, Organización No Gubernamental Transparencia Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, para implementar su iniciativa. Además, destacó que “un ex vicepresidente y su tío están presos; varios funcionarios públicos están siendo investigados, detenidos o se han fugado del país; un ex ministro aceptó haber recibido sobornos, ex ministros, ex gerentes de petroleras, están siendo procesados por la justicia, aun así, estos resultados no se acercan siquiera a la cantidad de casos de corrupción que descubrimos cada día”.

Sobre el particular, el Ministerio Público y los Jueces competentes deben actuar en contra de quienes se han apropiado de recursos públicos. Sí el Ministerio Público y los Jueces no cumplen con su deber deben ser separados de sus cargos.

En Chile, Perú, Colombia, Brasil, los infractores de la ley han sido juzgados y castigados. En Perú, unos Fiscales que pretendieron beneficiar a quienes fueron sindicados de haber recibido dinero de Odebrecht, les fue muy mal, el pueblo reaccionó indignado y el Presidente de la República, contando con dicho apoyo, obtuvo se los aparte de sus cargos a los mentados fiscales.

Ningún país serio de América o de Europa, aspiraría a instituir una “Comisión Internacional Anticorrupción” a fin de que supervigile a los jueces y fiscales, a los funcionarios públicos o privados y aun al Presidente de la República.

Importante rememorar lo que ocurre en Guatemala, en que una “Comisión Internacional Anticorrupción” se encuentra en pugna con el Jefe de Estado y con varios funcionarios.

Seguramente, el señor Presidente Moreno, indignado por la impunidad que observa en el país, de buena fe, planteó la creación de la mentada Comisión.

El doctor Pablo Celi, Contralor General del Estado, convocó a una reunión internacional, en la cual sostuvo “que una democracia sin controles no es democracia y que el Tribunal de Cuentas que plantea sería un organismo colegiado con dos salas, con principios de autonomía e independencia y establecimientos de mecanismos para la recuperación de recursos”.

El doctor Julio César Trujillo, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en dicha reunión, pidió a las autoridades de organismo de cuentas de otros países que “ayuden a hacer la ley para la constitución de este Tribunal de Cuentas en Ecuador, pero sin trampas”.

Fundamental recordar los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República del Ecuador, los cuales versan sobre la Contraloría General del Estado y sus funciones.

Por dichos preceptos, compete a la Contraloría General del Estado velar por la correcta utilización de los recursos públicos; y, dentro de sus funciones “dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones”.

La Contraloría General del Estado cuenta con suficientes facultades para perseguir a los infractores de la ley: la Dirección de Responsabilidades, las Direcciones de Auditoría, predeterminan las responsabilidades. La Contraloría General no es un Tribunal Jurisdiccional, es un órgano de control administrativo.

Reemplazar al Contralor General del Estado por unas Salas compuestas por varios miembros que bien pueden transformarse en dormitorios, obsta para el eficaz ejercicio de las funciones establecidas en la Carta Política para la Contraloría General del Estado.

Si se llega a la conclusión de que algunos jueces no cumplen con su deber, se los debe cambiar. Sí un Contralor es negligente en el ejercicio de su cargo, hay que reemplazarlo. Sí un Fiscal omite cumplir con su deber, se lo debe cesar, sí el Jefe de Estado contraviene lo previsto en la Carta Política, tiene que ser juzgado.

Se infiere de lo expuesto, qué si se comprueba que un funcionario, no importa su nivel jerárquico, contraviene disposiciones legales por acción u omisión debe ser destituido, más no se puede suprimir la Institución a la cual el infractor se pertenece. Es decir, como ejemplo, si el Superintendente de Bancos no cumple con su deber se lo debe remover, más no suprimir esa Institución.

Fundamento lo constante en mi artículo al destacar que el actual Contralor General del Estado, cumpliendo con su deber denunció múltiples casos de corrupción ante las autoridades competentes sin que haya obtenido el respaldo y la acción pertinente a su correcta actitud.

21 de febrero del 201

Last modified on Viernes, 22 de Febrero de 2019 07:59
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