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Sábado, 22 Agosto 2020 23:22

¿QUIEN ES EL CULPABLE?

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DIARIO EL TIEMPO DE  QUITO

3 DE JULIO   DE 1978

Contra viento y marea

¿QUIEN ES EL CULPABLE?

Javier Simancas C.(Juan de la Luna S.)

¿Quién o quiénes son los responsables del fracaso de los escrutinios de las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República?

Si hubiera un jurado del pueblo inmediatamente pasarían al sillón  de los acusados: el Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos y sus representantes que concurren a las audiencias públicas y  otros invisibles  cómplices y encubridores del delito de fraude de la voluntad  soberana  del pueblo.

Los miembros del Supremo Electoral son acusados por múltiples causas: sucesivos errores en la conducción del proceso eleccionario  desde el comienzo de su gestión; arrogancia de algunos de sus componentes que están provocando la desintegración del organismo; un ineficaz aparato técnico-administrativo, autor de los problemas de última hora que han tenido que afrontar los tribunales provinciales; e  incumplimiento de la ley,   reglamentos e instructivos.

Por estas causas  son responsables de las irregularidades cometidas y que han motivado la anulación de las elecciones en un número significativo de   juntas receptoras del voto en las provincias de Esmeraldas y Cotopaxi, y que al momento, ya no son “ un pálido reflejo de lo que vendrá  sino  un claro reflejo que se  ha burlado  la voluntad popular expresada  el 16 de julio.

  Hay que subrayar  que en vez de ofrecer soluciones, los tribunos pretenden eludir responsabilidades, tratando de endilgar la culpa a los organismos provinciales como  los autores de los hechos denunciados.

Por estas causas, si hubiera el jurado del pueblo, sus integrantes estarían sentenciados a fuertes condenas y sobre todo a la sanción moral de todos los ecuatorianos.

Los otros acusados representantes de los partidos políticos  que, en representación  de los bloques de derecha, centro e izquierda concurren a las audiencias públicas,  deberían ser juzgados por no denunciar las evidencias del fraude electoral, pero   al contrario, más bien coadyuvan a que las irregularidades descubiertas sean causa  de anulación, con el único propósito de perjudicar a los candidatos adversarios.

A esto se añade que cada agrupación, cada partido, ha olvidado su misión fundamental y ha dejado atrás la necesidad suprema de propiciar la unidad nacional tantas veces enunciada en retóricas intervenciones y nunca practicada.

La sentencia para estos responsables del fracaso electoral, sería más  severa que la impuesta para aquellos que son el obstáculo a la democratización del país.

Estamos a punto de culminar  el proceso de  democratización del Estado, y ahora más que nunca nos encontramos desunidos y desorganizados.

 

Parece que   quisieran que este proceso  fracase, y que sea el camino de la violencia y anarquía  la respuesta a la decisión popular de cambiar el estado de cosas y de volver a la normalidad constitucional, tan difícilmente  conquistada.

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