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Sábado, 22 Agosto 2020 23:54

¿A QUIEN CULPAR?

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DIARIO EL TIEMPO DE  QUITO

19 DE JULIO  DE  1978

Contra viento y marea

¿A QUIEN CULPAR?

Javier Simancas C.(Por Juan de la Luna S.)

El Tribunal Supremo Electoral ha llegado a las  mismas conclusiones del anterior organismo que funcionó hasta el 22 de septiembre e incluso ha revelado hechos más irregulares todavía, como es el caso de que algunas juntas electorales realizaron los escrutinios en sus domicilios.

Al igual que el anterior organismo, los actuales miembros, no han podido precisar, ni identificar  a los responsables de estas anomalías  que en el lenguaje político constituye el gran fraude electoral que anunció el doctor Rafael Arízaga Vega  y que,sin lugar a dudas, se produjo durante las doce horas de sufragio del 16 de julio anterior.

Antes del 22 de septiembre muchas conjeturas se tejieron alrededor de la  anulación  de los votos. Algunas con mucha base y otras como mera especulación. Lo que sí es cierto, es que los autores de estas irregularidades son militantes de un partido político que, seguramente hasta las vísperas del 16 de julio, estuvo completamente seguro de que no iba a ganar las elecciones y dispuso a sus militantes que  procuren, en la medida de las circunstancias,   dañar las elecciones.

Este partido, según las hipótesis de aquellos días de indecisión política, es Concentración de Fuerzas Populares, CFP. Ahora lo que se hace preciso es llegar hasta las últimas consecuencias, puesto que el Tribunal Supremo Electoral, aunque por distinto camino, ha llegado a las mismas conclusiones. Ha sido saboteada la voluntad popular y por consiguiente es indispensable que se determine definitivamente, con valentía y honestidad, a los autores intelectuales de estos acontecimientos que ponen en peligro el retorno a la normalidad democrática. 

Una comisión investigadora de alto nivel se hace indispensable en este momento en que nuevamente los nubarrones del caos político ensombrecen nuestro país. Esta comisión de miembros del  organismo  electoral y de los partidos políticos, así como del Gobierno, tiene que determinar en el menor tiempo, quienes tuvieron que ver con estas anormalidades. Para muchos, incluidos algunos ex candidatos presidenciales, los hechos puestos a la luz pública fueron provocados por la negligencia y falta de conocimiento de los miembros de las juntas receptoras del voto, para otros, como el caso de lo ocurrido en la provincia de Pichincha, tuvo su origen en los coordinadores del organismo seccional, todos pertenecientes a Concentración de Fuerzas Populares.

En definitiva, hemos vuelto a lo mismo. El camino recorrido por el anterior Tribunal y el actual ha llegado al mismo punto. Antes se denunció un fraude de grandes proporciones, ahora se dice que son anomalías, sin embargo, de que se han ajustado a la Ley de Elecciones, instrumento jurídico que han pedido se reforme, para evitar los problemas  que ahora son motivo de honda preocupación entre los ecuatorianos.

La mano negra existe. El descubrimiento de ésta y de sus cómplices  es un imperativo porque. de lo contrario, el proceso electoral y los ganadores presidenciales no podrán ejercer el Poder libremente, en vista de que sobre triunfo se tenderá el manto de la duda que hará débil el ejercicio de su mandato presidencial.

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