DIARIO EXPRESO DE GUAYAQUIL
10 ABRIL DE 1990
LOS OTROS EFECTOS
Javier Simancas C
Las denuncias abundan sobre los vínculos del narcotráfico y los políticos, pero las pruebas escasean. Se privilegia los escasos triunfos policiales sobre el destierro de los sembríos y se elogia que el país solo es ruta de paso. Sin embargo hay problemas de fondo que siguen vigentes; son múltiples y mucho más difíciles de resolver; son aquellos que involucran a muchos en este submundo de corrupción y muerte.
Después de la muerte del juez Iván Martínez y la destitución de unos cuantos jueces acusados de estar vinculados al narcotráfico, los juicios penales siguen un lento camino. Parecería que los procesos fueron cortados de un solo tajo o que el miedo invadió a los jueces y fiscales de la República.La policía por más esfuerzos que efectúa no ha podido identificar a los sicarios que cegaron la vida del doctor Martínez, uno de los más probos del país. Las pistas son tan diferentes como las mismas versiones de que el crimen fue ejecutado por orden de las mafias nacionales y extranjeras.
Es un secreto a voces del poder de la “narcodefensa” nacional, tan peligrosa no solo por su influencia política y financiera, sino por la red entretejida entre magistrados, abogados, policías y carcelarios.
Saben los organismos de investigación que en los últimos años han circulado millones de sucres para pagar los favores de los malos administradores de justicia, de los corruptos alcaldes y presidentes de consejos municipales que hicieron del recurso de Habeas Corpus un festín y fuente de enriquecimiento ilícito; de los narco policías y narco carceleros.
La corrupción ha alcanzado tales niveles que los narco jueces en contubernio con los abogados han llegado al extremo de poner tarifas a la libertad de sus detenidos.Por la vía del Habeas Corpus cobran entre diez, quince y más millones de sucres; por vía judicial, según la sentencia de cinco y diez millones, la libertad para los “mulas” , pasadores de la droga o simples comerciantes minoristas la tarifa fluctúa entre el millón y dos millones. Los sobornos a policiales y carcelarios o a jueces para fugas misteriosas, sentencias torcidas o partes policiales inocentes también se tarifan según el caso.
Frente a este panorama es muy lenta la reacción hacia la solución radical de los problemas derivados de este fenómeno. Las reformas legales siguen a nivel de propuestas; el fortalecimiento de las fuerzas policiales que enfrentan o luchan contra este azote son mínimas y dependen de la ayuda externa que es paupérrima; a esto se agrega la falta de conciencia sobre la gravedad de ese fenómeno social, político y económico que sigue minando las bases de un sociedad que busca justicia y libertad.
