Por Fernando Borja Gallegos
1 de enero de 2019
En América Latina, la galopante corrupción y la falta de castigo de los responsables del caos económico y de la pobreza generalizada repercuten en la desesperanza de las sociedades. Salvo pocas excepciones, los jueces y fiscales, en solidario entendimiento, difieren la persecución y sanción del delincuente.
En el Perú, muchos de los ex jefes de Estado tienen prohibición de salir del país: Ollanta Humala y su esposa, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Alberto Fujimori; y, se tramita la extradición de Alejandro Toledo. Varios funcionarios de menor categoría son investigados por delitos comunes, como compra de votos en el Congreso, etc.
En Colombia, algunos ex funcionarios fueron sancionados y otros son asesinados para impedir que comparezcan ante los jueces que investigan hechos dolosos. Se debe destacar la investigación atinente al aporte de Odebrecht a la campaña del ex presidente Juan Manuel Santos y del ex candidato Oscar Iván Zuloaga
En Brasil, la mayoría de los dirigentes políticos son acusados por el Ministerio Público dentro del caso conocido como “Lava Jato”. El ex presidente Luiz Ignacio Lula da Silva, fue sentenciado a 12 años y meses de prisión; y, la ex presidenta Dilma Rousseff, es investigada por delitos conexos con la corrupción. Ex legisladores y gobernadores fueron recluidos en cárceles estatales. Como es el caso del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Así también el actual presidente Michel Temer, fue acusado formalmente por la Fiscalía por actos de corrupción
En Argentina, sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se dictó orden de detención. La Cámara del Senado debe pronunciarse sobre el particular.
En Centroamérica, ex presidentes se encuentran detenidos y otros prófugos de la justicia, como ejemplo: Alvaro Colom y Otto Pérez de Guatemala, Antonio Saca González y Mauricio Funes de El Salvador, Rafael Callejas de Honduras.
Si agregamos a este torbellino de delincuencia, los sobornos, asesinatos, sindicados, la falta de energía para investigar a fondo el imperio del delito, puedo afirmar sin temor a equivocarme que, si no hay castigo ejemplar, América puede transformarse en una colonia penal o en un paraíso de delincuentes en que la impunidad consagraría el imperio del delito, como sostuve en el pasado.
Se infiere de lo expuesto, dadas las circunstancias y hechos puntualizados, que la sociedad civil debe unirse para exigir la condigna sanción de los culpables de haberse apropiado de los recursos públicos en detrimento del bienestar de los pueblos de América.
La actitud indolente de quienes omiten cumplir con su deber presagia, lastimosamente, el debilitamiento del sistema democrático.
