Estas acciones judiciales violan lo que establece la Carta Democrática Interamericana de la OEA en sus artículos 2, 3 y 4 y las normas legales y constitucionales que rigen el Estado de derecho y se apartan  de los principios de la democracia guatemalteca porque constituyen  acciones de persecución política que afectan hasta ahora  a alrededor de  deceas de líderes y ciudadanos. A esto  se suma  la habitual intimidación y el acoso a miembros del Partido Movimiento Semilla, activistas de derechos humanos, académicos, periodistas y otros actores sociales. La criminalización y la intimidación contra actores políticos y sociales es una grave violación del Estado de Derecho y se aparta de los principios de la democracia.

El Ministerio Público para respaldar estas acciones dictó la resolución: “Acontecimientos Recientes que Impactan el Estado de Derecho y la Transición Presidencial Democrática en Guatemala”, documento que sirve para erosionar los cimientos de la democracia por la que los ciudadanos de Guatemala han luchado y desean continuar construyendo cada día.

La Secretaría General de la OEA condenó enérgicamente las acciones intimidatorias y de agresión contra un número de congresistas, estudiantes y activistas sociales y políticos. Estas acciones,dice,  provocan un ambiente de inseguridad e incertidumbre que es inaceptable para la ciudadanía de Guatemala.

De otro lado congresistas de diversos partidos políticos son objeto de agresiones físicas que amenazan a la paz, la estabilidad social y la convivencia pacífica entre los guatemaltecos.

El proceso de transición en Guatemala debe concluir el 14 de enero de 2024, cuando el presidente y la vicepresidenta electos, Bernardo Arévalo y Karin Herrera respectivamente, asuman sus cargos para los que fueron elegidos en sufragios  limpios a mediados de este año.