Un informe conjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,CIDH y la ONU Derechos Humanos revela que persisten los altos índices de violencia y homicidios, muchos de ellos vinculados al crimen organizado, un flagelo que impacta en todo el hemisferio, así como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.El informe se basa en datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que estima que el 37% de los homicidios intencionales en el mundo se registran en las Américas.
El Informe conjunto sostiene que en las Américas algunos países siguen proponiendo "acabar de manera definitiva" con el crimen organizado con un enfoque represivo como el encarcelamiento general, uso excesivo de la prisión preventiva y el desconocimiento de las garantías judiciales, sin ofrecer oportunidades integrales de reinserción social. Si bien estas medidas podrían parecer eficaces en el corto plazo, dichas propuestas terminan debilitando las instituciones, el balance de poderes y la independencia judicial, incluso la democracia,agrega el documento.
Combatir la criminalidad organizada sólo puede lograrse con el respeto al debido proceso, a la defensa y a un juicio imparcial e independiente,añade.
La CIDH y ONU Derechos Humanos recomiendan aplicar políticas de seguridad con enfoque de derechos humanos que preserven la democracia y el Estado de derecho y combatan el crimen organizado con solidez ética y jurídica. Estas políticas deben atender el enfoque preventivo y oportunidades para la población históricamente excluida,discriminada e impactada l por el crimen organizado como son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, mujeres y personas mayores, entre otras.
Las dos agencias de la OEA y ONU ratifican su voluntad de esfortalecer sus esfuerzos para orientar a los Estados de la región en la debida aplicación de las normas y estándares internacionales en la lucha efectiva y sostenible contra la delincuencia, que deben seguir siendo el faro que oriente las acciones estatales para asegurar una seguridad con justicia para las personas que habitan la región.