El sujeto en marras había ingresado a la delegación mexicana en Quito el pasado mes de diciembre para evitar que lo vuelvan a detener por otro proceso en su contra. Entró y fue recibido como “huesped” mientras México estudia si se lo declara inocente y le otorga el asilo pedido. "Estamos en ese proceso de análisis para ver qué tanto es una persecución política, qué tanto es realmente un problema legal y de corrupción (...) ", declaró la canciller Alicia Bárcena.
El pedido de que ingrese un piquete policial para arrestar a Glas fue hecho por la cancillería ecuatoriana el pasado viernes. "No se puede porque eso violaría la inmunidad diplomática de nuestra embajada. Nuestras embajadas son sitios que tienen una inmunidad diplomática muy importante", dijo la canciller mexicana Alicia Bárcena, quien aseguró que el pedido de la diplomacia ecuatoriana es un despropósito.
En el caso de que Mexico le conceda el asilo pedido la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, reiteró que el Gobierno no otorgaá el salvoconducto para que Glas salga del país sin ser detenido.
Glas estaba en libertad restringida tras cumplir cinco años de cárcel por dos sentencias por cohecho y asociación ilícita de ocho y seis años de prisión, respectivamente. Ahora está procesado por presunto peculado en los contratos para la reconstrucción de la provincia de Manabía, devastada por un terremoto en abril del 2016.
El movimiento político Revolución Ciudadana y el expresidente Rafael Correa Delgado llevan adelante una campaña de información en la que sostienen que todos quienes han sido condenados por actos de corrupción son perseguidos políticos y que los acusados son inocentes porque la justicia no ha demostrado nada.
Las pruebas de la Fiscalía General del Estado y las sentencias de los jueces de la Corte Nacional de Justicia dicen totalmente lo contrario. Se ha establecido que entre los años 2007 y 2017 se concedieron decenas de contratos a empresas nacionales y extranjeras que para lograrlos entregaron sobornos a los funcionarios de la revolución ciudadana, incluyendo a Glas quien deberá devolver alrededor de 33 millones de dólares que recibió la compañía brasileña Odebreht.
Las sentencias concluyen, en algunos casos, señalando que desde la presidencia de la República se había estructurado una organización criminal para recibir sobornos y que ésta estuvo liderada por el ex presidente Rafael Correa Delgado.