La Fiscal Salazar hasta ahora ha sido llamada a la Asamblea Nacional 51 veces. El 90 por ciento de las solicitudes han sido hechas por legisladores de la RC, quienes además han pedido información sobre los procesos penales sobre corrupción unas 750 veces. Entre tanto el trámite para el juicio político en su contra ultima los detalles. La consigna de la RC es sacarla del cargo antes que entregue nuevas denuncias de casos de corrupción y crímenes de los miembros de la organización política o sean sentenciados criminales vinculados al tráfico de drogas,armas, lavado de activos y otros delitos.
La comparencia de este lunes se suspendió porque los demás miembros de la Comisión no correistas abandonaron el salón de sesiones ante el sorpresivo anuncio de que uno de los procesados por delitos criminales y que fue asambleista, Ronny Areaga iba a presentarse- vía telemática- Arteaga huyó del país y se encuentra en Venezuela. Se supo de su presencia en ese país porque su ex esposa pidió protección diplomática cuando denunció que el citado individuo intentó quedarse con su hijo cuando fueron a visitarlo.
La Fiscalía rechazó la decisión de la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre y del bloque de la RC de aceptar la solicitud del citado procesado por delincuencia organizada y prófugo de la justicia. Tal pedido no estaba en la agenda de la reunión y tampoco guardaba relación con el motivo de la asistencia de la Fiscal. “El hecho de que se reciba a un procesado en una causa impulsada por la Fiscal podría comprometer el normal desarrollo de dicho proceso, dice la Fiscalía.
Además tildó de un show lo realizado por el movimiento RC que continúa valiéndose de argucias para tratar de seguir manejando la justicia y los tiempos políticos a su antojo. Esta vez lo hicieron a través de un procesado dentro del caso “Metastasis”, subraya el comunicado.
La Fiscalía, de otro lado, emplazó a los legisladores Pamela Aguirre y Lenín Barreto para que informen sobre el lugar en donde se encuentra escondido el sujeto que intentaron confrontarlo con la Fiscal Salazar. La demanda se basa en los dispuesto en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal, COIP que determina el delito de fraude procesal.
Las maniobras de los asambleistas de la RC servirán para continuar con la campaña de persecuçión, acoso y violencia en contra la Fiscal, puesto que su objetivo es sacarla del cargo para lograr que quien la reemplace perdone los delitos de peculado, cohecho, asociación ilícita, que estableció tras los procesos investigativos y con lo que los jueces condenaron al expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente, Jorge Glas y a la mayoría de ministros de Estado que, según las sentencias ejecutoriadas, se enriquecieron por lo sobornos que recibieron para adjudicar contratos con sobreprecios.