Una carta enviada al presidente Daniel Noboa por la directora de la división de las Américas de dicha organización,Juanita Goebertus Estrada  además solicita  que se  limite el papel de las Fuerzas Armadas a circunstancias en las que su uso sea estrictamente necesario,fortalecer los mecanismos disciplinarios de prevención y rendición de cuentas tanto de Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, condenar públicamente violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad que han sido reportadas, y dejar claro que no se tolerarán estos casos y que las fuerzas de seguridad están obligadas a colaborar plenamente con los fiscales en las investigaciones sobre abusos.

En la misiva  Goebertus Estrada  demanda  que  el gobierno se  comprometa llevar a cabo una reforma del sistema penitenciario que aborde problemas de larga data como el hacinamiento, retrasos en la tramitación de beneficios penitenciarios, acceso limitado a servicios básicos, falta de un programa serio de rehabilitación social y el reducido número y la inadecuada capacitación de los guías penitenciarios, entre otros.

“Instamos al gobierno de V.E. a dar la debida consideración a estas recomendaciones y a tomar medidas proactivas para salvaguardar los derechos de todos los ecuatorianos. Seguimos con preocupación los altos niveles de violencia en el país y reiteramos nuestra disposición a reunirnos para discutir nuestros hallazgos y recomendaciones de manera constructiva, agrega.

 En otra parte de la carta Human Rights Watch  pide al gobierno  

• Tomar medidas para crear una unidad de investigación bien capacitada y dotada de recursos en la Fiscalía General, de modo que los fiscales no tengan que depender de la policía para llevar a cabo las investigaciones.

• Aumentar el número y la capacidad de investigadores forenses, fiscales y jueces que investigan y procesan casos de delincuencia organizada y corrupción, incluyendo mediante capacitación especializada en delincuencia organizada, corrupción y lavado de dinero y entrenamiento para garantizar los derechos humanos durante estas investigaciones.

• Aumentar la financiación del mecanismo de protección de fiscales y jueces y garantizar una revisión periódica de su situación de riesgo.

• Trabajar con la Fiscalía General para desarrollar una estrategia que dé prioridad a la investigación y persecución de los casos relacionados con la corrupción de alto nivel y el lavado de dinero con el fin de ayudar a desmantelar los grupos de delincuencia organizada, incluyendo a sus aliados en posiciones de poder.

• Adoptar medidas para reforzar la investigación y el procesamiento de los casos relacionados con corrupción, incluyendo la aprobación de una legislación respetuosa de los derechos para incautar los bienes de los grupos de delincuencia organizada, teniendo en cuenta el resultado de la votación de la pregunta 6 en el referéndum del 21 de abril de 2024.
• Restablecer el Ministerio de Justicia, que se cerró en 2018, para que pueda supervisar el sistema penitenciario y coordinar los esfuerzos en el sector justicia entre el poder judicial, la Fiscalía General, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario.

 Finalmente  denuncia  que  ha documentado múltiples casos de serias violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad que  incluyen una aparente ejecución extrajudicial, varias detenciones arbitrarias y casos de malos tratos en prisión, que en algunos casos pueden constituir tortura.  

“Los militares, que controlan las cárceles desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica. Como se describe más adelante, los soldados parecen ser responsables de múltiples casos de malos tratos y de algunos casos de tortura en prisión”, anota la misiva.

Así mismo asegura que   las autoridades ecuatorianas “parecen haber tomado pocas o ninguna medida para prevenir las violaciones de derechos humanos o para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones y en lugar de tomar medidas para evitar detenciones abusivas, el gobierno ha respaldado públicamente a las fuerzas de seguridad y V.E. ha señalado de “antipatria” a un juez que constató violaciones de derechos humanos en las cárceles.