Esta impotencia reconocida consta en el último informe de la situación de ese país. Se suma a la cadena de impotencias e incapacidad  de los gobiernos democráticos  que solo han llegado a declaraciones de buenas intenciones, mientras el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro se consolida. No reconoce el triunfo de Edmundo González  como presidente  de la República.

El último informe ante el Consejo de Derechos Humanos, la presidenta de la Misión de investigación dijo “la maquinaria represiva” del Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones, dejando a la población desamparada en un contexto en que está “desapareciendo la mínima apariencia de legalidad en la actuación de las autoridades”. “El riesgo de una desintegración del Estado de derecho en Venezuela es muy alto”, sostuvo

 El informe  incluye   conclusiones y recomendaciones.

CONCLUSIONES 

Las conclusiones son:

• El Estado reactivó e intensificó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión y las autoridades llevaron a cabo, de forma consciente y planificada, acciones encaminadas a desarticular y desmovilizar la oposición política organizada, prohibir  la difusión de información independiente y opiniones críticas al Gobierno e impedir la protesta ciudadana pacífica.
•  La protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho.
• Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo.
• En la práctica, muchas de las garantías judiciales perdieron su efectividad, dejando a la ciudadanía en desamparo frente al ejercicio arbitrario del poder.
• Las violaciones de los derechos humanos  no fueron el resultado de hechos aislados o aleatorios, sino que forman parte de una serie de hechos cometidos en implementación de un plan coordinado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al Gobierno del Presidente Maduro.
• Las violaciones incluyen detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, así como otras violaciones conexas  constituyen el crimen de lesa humanidad  cometidos contra  personas críticas del Gobierno.

RECOMENDACIONES

Se recomienda:

• Pedir a   las autoridades  investiguen  el uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos en el marco de las protestas electorales, así como garantizar la rendición de cuentas de los responsables.
• Acabar con la práctica de las detenciones arbitrarias como las descritas en el presente informe y poner inmediatamente en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente.
• c) Actuar de inmediato ante cualquier denuncia de detención o persecución penal de niños y niñas, con arreglo a las normas y estándares internacionales, así como a la propia legislación venezolana, tomando en consideración el interés superior de la niñez y respetando la segregación con adultos o por peligrosidad.
• Acabar con la práctica de las desapariciones forzadas de corta duración, asegurando que todos los registros de personas detenidas sean de libre acceso para familiares y abogados.
• Establecer condiciones de detención adecuadas, teniendo en cuenta las necesidades y la situación concreta de cada persona privada de libertad, incluidas las mujeres, niñas y personas LGBTI+.
• Adoptar medidas inmediatas para garantizar que todas las personas, independientemente de su identidad de género, estén protegidas contra la violencia sexual y de género durante una detención. 
• Actuar de inmediato ante las denuncias de tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes  con el fin de investigar adecuadamente dichas denuncias y garantizar que los supervivientes tengan acceso a una reparación integral. 
• Establecer programas de protección para las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, asegurando una perspectiva específica que mitigue el impacto diferencial en las mujeres, así como de reparación integral por los daños sufridos.
• Desarrollar protocolos que aseguren la publicidad y transparencia de las investigaciones del Ministerio Público y de los procedimientos judiciales, incluido el estricto respeto al debido proceso. 
• Cooperar con los órganos y mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas y con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, .
• Cumplir las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con cualquier decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le sea aplicable.
• Recomendar  a la comunidad internacional mantener activamente el monitoreo sobre la situación de los derechos humanos  e insistir en la necesidad de la rendición de cuentas en los casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos internacionales, así como de justicia y reparación para las víctimas.