Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, entre 2010 y 2015, Carlos Ramón Polit Faggioni, de 73 años, solicitó y recibió más de $10 millones en pagos de sobornos cuando ejercía  el cargo de  Contralor General de Ecuador. Según la justicia americana este sujeto  en  vez de  proteger los fondos públicos del Ecuador  contra el fraude y erradicar la corrupción, hizo todo lo contrario, aceptando  sobornos de la constructora  brasileña Odebrecht a cambio de eliminar las multas y no imponer multas a los proyectos adjudicados por el gobierno de Rafael Correa Delgado. En el año 2015, Polit recibió un soborno de un empresario ecuatoriano a cambio de ayudarlo a obtener ciertos contratos con la compañía de seguros estatal  Sucre.

A partir del año   2010 y hasta el años  2017, bajo la dirección de Polit, otro miembro de la conspiración hizo que las ganancias del plan de soborno de Polt "desaparecieran" mediante el uso de empresas de Florida registradas a nombre de amigos y asociados, a menudo sin el conocimiento de los asociados. Los conspiradores también utilizaron fondos del esquema de sobornos de Polt para comprar y renovar bienes raíces en Florida. Entre los conspiradores  está  su propio  hijo John Polit, hoy procesado  por lavado de activos.

 Polit fue condenado por un jurado  de Florida  por los delitos  de  lavado de dinero  y de  participar en transacciones con propiedad derivada de delitos.

Además de la pena de prisión, también se ordenó a Polit cumplir tres años de libertad supervisada y confiscar $16.5 millones.

Odebrecht S.A. se declaró culpable en diciembre de 2016 de conspirar para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) en relación con un plan más amplio para pagar casi $800 millones en sobornos a funcionarios públicos en 12 países, incluido Ecuador.

El anunció de la condena  de 10 años   fue realizado  por la Secretaria de Justicia Auxiliar Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia; el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida; y el agente especial a cargo Anthony Salisbury de la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés)

Politi fue investigado  por la Oficina de Campo de HSI en Miami  así como  el Escuadrón Internacional contra la Corrupción del FBI . Esta oficina  y la de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindaron sustancial  asistencia. El Departamento de Justicia también agradeció la asistencia en la investigación de las autoridades policiales en Ecuador, Brasil, Panamá y Curazao.

La Sección de Fraude de la División Penal y  de litigios  para el Distrito Sur de Florida están manejando la confiscación de activos.

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