La medida judicial preventiva fue dictada por el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Aguirre Torres, mientras se desarrolla el proceso penal como autores directos del presunto delito de asociación ilícita  y como precaución para  que estos no huyan del Ecuador. Pasados los 90 días  se conocerá  si deben ser apresados.La orden judicial también incluye  la retención de fondos por el monto de 5.640 dólares de cada cuenta bancaria de los procesados.

El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, expuso de manera individualizada la presunta participación de cada procesado y detalló que los hechos habrían ocurrido entre diciembre de 2024 e inicios de 2025.
La  Fiscalía  General   el 24 de enero del 2025 realizó un allanamiento en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), donde se incautaron teléfonos celulares de Augusto Verduga, entre otros indicios. La información extraída de los dispositivos móviles habría revelado la presunta planificación y estrategias ilícitas para tomar del control de la institucionalidad del Estado.
El Fiscal Toainga señaló  en la audiencia de formulación de cargos que los exconsejeros habrían utilizado su influencia  para proyectar un control del Estado a través de otros presuntos delitos, como tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y usurpación de funciones públicas. Entre estos actos se incluiría la designación de autoridades afines al movimiento Revolucción Ciudadana, como el Superintendente de Bancos.
Además, los ahora procesados habrían articulado una estrategia para dilatar decisiones de la justicia electoral, garantizarse impunidad y mantenerse en sus cargos, mediante maniobras jurídicas irregulares y presunto tráfico de influencias.
Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal con varios elementos de convicción, entre ellos: el informe de extracción y materialización de chats obtenidos de los teléfonos celulares de uno de los procesados, el informe de informática forense, versiones de los denunciantes, el parte policial del allanamiento en el edificio del Cpccs, la inspección ocular técnica, el informe de reconocimiento de objetos e indicios y documentación (resoluciones, actas de Pleno, entre otros).
Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el Juez de la causa dictó presentación periódica cada quince días y prohibición de salida del país para Augusto V., Yadira S., Nicole B. y para Eduardo F.
La instrucción fiscal durará noventa días.

Verduga  se encuentra  en Colombia  y de no presentarse quincenalmente será  considerado como prófugo de la justicia, según fuentes de la Fiscalía General del Estado.