El caso   se refiere a la ejecución extrajudicial  de los citados ciudadanos así como   la situación de impunidad en la que permanecen los hechos desde hace 24 años. Estos hechos fueron ejecutados por  dos agentes policiales que nunca fueron sentenciados por la Corte de Justicia Policial  que en ese entonces existía.

 El Informe de  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH  afirma  que el   uso de la “fuerza letal empleado por los agentes policiales fue injustificado, innecesario, desproporcionado y carente de un fin legítimo  por lo que constituyeron ejecuciones extrajudiciales. Estableció asimismo que no existe controversia respecto a que los hechos fueron investigados en el fuero penal policial, en el marco del cual se absolvió a dos agentes policiales.”

 La Comisión  argumenta  que  por tratarse de violaciones de derechos humanos y en particular violaciones de los derechos a la vida e integridad personal, la aplicación de la justicia penal policial, en este  caso, violó el derecho a contar con una autoridad competente, independiente e imparcial, así como a contar con un recurso judicial adecuado y efectivo.

Además asegura  que   el Estado ecuatoriano  no demostró haber llevado a cabo dicho proceso con la debida diligencia ni en un plazo razonable y que a la fecha las familias no han contado con un esclarecimiento de los hechos y determinación de todas las responsabilidades en la justicia penal ordinaria.

  Huacón y la señora Salazar, cuando ocurrieron los hechos,   eran perseguidos por agentes policiales. Huacón recibió un impacto de bala en la pierna derecha luego de ser bajado del vehículo y permaneció con vida por unos minutos antes de ser ejecutado. Por estas razones la  CIDH  acusa a  Ecuador  de ser el responsable por la violación de los derechos  a la vida, a la integridad personal y de no proporcionar garantías y protección judicial.

 La CIDH  recomienda a la Corte IDH acoja sus recomendaciones  para dictar sentencia de:

•  Reparar  integralmente las violaciones de derechos humanos   incluyendo una justa compensación por el daño material e inmaterial, así como medidas de satisfacción debidamente concertadas con los familiares.

• Brindar atención en salud física y mental  a los familiares de Walter Gonzalo Huacón Baidal y Mercedes Eugenia Salazar Cueva.  

• Desplegar   los esfuerzos necesarios para lograr la captura del agente policial José Carbo para  seguir con el proceso penal en su contra, el cual debe ser completado en el fuero ordinario.

• Investigar todas las demás responsabilidades en la justicia penal ordinaria.