La declaratoria de estado de excepción, adoptada mediante el decreto 229 expedido en la tarde de este viernes, se fundamenta en la situación fáctica que vive el país  como consecuencia de la falta de la capacidad de las centrales  hidro y termoeléctricas  para producir  la  suficiente electricidad para mantener al país  en actividad tanto del sector público como privado.

El gobierno  para determinar  lo  que denomina   situación  fáctica  se  sustenta en publicaciones  de prensa de los diarios  El País  de España, El  Universo  de Guayaquil y La Hora de Quito  que hacen referencia  a la situación crítica  que vive el Ecuador debido a la fuerte sequía  y la disminución de la importación  de  energía desde Colombia que también atraviesa una situación crítica.

Otra razón fáctica que menciona es  que los embalses más importantes  que proveen de agua a las hidroeléctricas registraron niveles de almacenamiento operativo alarmante: 0 por ciento en Mazar y 4 por ciento en Paute.

Para  esta Declaratoria se toma en cuenta el contenido del  boletín de prensa  Nº 40   emitido por el Ministerio de Energía y Minas.El Boletín sostiene que  en respuesta a la situación actual de crisis energética que enfrenta el país se han implementado medidas con el  objetivo de abordar estos desafíos de manera efectiva que incluyen la adquisición, suministro, construcción  y puesta en servicio de sistemas de interconexión, así como la incorporación de generación  adicional emergente de energía eléctrica.

Así mismo  señala  que, según el diario La Hora, en términos generales se estima que cada hora  de interrupción en el suministro eléctrico ocasiona pérdidas considerables para el sector productivo de alrededor de $19 millones  en promedio. Específicamente durante el periodo de apagones  que oscilan  entre 5 y 8 horas, las repercusiones  económicas se vuelven aún más significativas, especialmente en áreas urbanas como Quito, Guayaquil y Cuenca.

De otro lado con el Decreto 229  se busca coordinar  la  acción de las instituciones públicas, movilizar los recursos y servicios necesarios e, incluso, en circunstancias  particulares, considerar  la adquisición de bienes esenciales  con el fin de alcanzar los resultados  deseados en las actividades  dirigidas a superar  la situación  de escasez en la generación de energía eléctrica.

El gobierno admite que los hechos consecutivos de la declaratoria no pueden ser superados a través del régimen constitucional ordinario y cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que la juridicidad de las medidas que se adopten para enfrentar  las diferentes situaciones especiales que pueden presentarse, dependerá del carácter, de la intensidad, de la profundidad y del particular  contexto de la emergencia, así como de  la proporcionalidad y razonabilidad  que guarden las disposiciones  respecto  de ella.

Según el criterio de dicha Corte se considera  como situación de anormalidad a toda circunstancia de peligro, pero  sobre todo una circunstancia especial no cotidiana sino excepcional que exige una respuesta  inmediata del Estado.