QUITO (Agencia ANE)._ Margaret Satterthwaite, una comisionada de la ONU para monitorear la aplicación de las medidas de control constitucional de la región y el mundo, dice estar preocupada por la pregunta que se hará a los ecuatorianos sobre si los jueces constitucionales deben ser enjuiciados políticamente por las decisiones que afecten la estabilidad democrática y seguridad del Estado. La funcionaria dice tener noticias "muy preocupantes: supuestamente, la Corte Constitucional ha sido amenazada por otros poderes del Estado tras suspender provisionalmente varios artículos de tres leyes aprobadas bajo la justificación de urgencia económica y seguridad nacional. Los artículos incluían disposiciones que autorizaban la recopilación de inteligencia sin aprobación judicial previa, así como reformas dirigidas al financiamiento político ilícito y la justicia tributaria,dice.
Argumenta al respecto que según el derecho internacional y los estándares de derechos humanos, los jueces deben estar libres de presiones políticas o represalias. La autoridad de los jueces proviene de su papel como garantes del orden constitucional, incluida la protección frente a abusos por parte de las mayorías. La independencia judicial no es opcional; es la base de la democracia.
