El informe  de la Contraloría General del Estado ha descubierto  inconsistencias en las declaraciones patrimoniales juramentadas de  los  jueces  Alí Lozada Prado y José Luis Terán. Lozada fue hasta hace poco presidente del organismo. El informe ha sido filtrado  al diario El Universo de Guayaquil. De acuerdo con el documento  publicado este miércoles, la CGE ha  determinado  inconsistencias en el análisis de siete declaraciones patrimoniales de Lozada Prado,  quien  no ha podido  justificar el origen de $ 7.184,57 y 17’173.560 pesos chilenos ($ 18.547,44) y que el patrimonio del magistrado creció en más de $ 302.310,05 entre 2020 y 2025.El funcionario además ha omitido algunas de sus cuentas bancarias.

El juez  ha dicho sobre  estas anomalías detectadas: “ (..) Con relación a las cuentas bancarias no reveladas, por un error de buena fé (sic) y por cuanto en dichos periodos no se utilizaban de manera regular las cuentas bancarias y que en muchos de los casos, dicho error se corrige y se registra en la correspondiente declaración (...)”.

En el caso del juez Terán, este  tampoco ha justificado el origen de los dineros para cancelar una cuota por $ 2.316,61 de un préstamo otorgado por el Banco Produbanco. Tampoco  ha justificado  el pago por $ 13,576,95 a las tarjetas de crédito Visa, Diners Miles y Discover. “...En relación con los depósitos y pagos en efectivo observados, corresponde precisar en primer lugar, que los mismos corresponden a fondos propios en efectivo del examinado, por lo que no constituyen ingresos adicionales ni recursos de origen desconocido, sino la simple utilización de fondos propios y disponibles en efectivo, previamente generados por quien suscribe, cuyas fuentes de ingreso han sido identificadas y analizadas dentro del mismo examen especial (...)”ha explicado a los auditores que realizaron el examen especial.

El examen de la Contraloría  dice que su patrimonio  pasó de $ 549.053,64 en 2020 a $ 817.346,91 en 2025.

El magistrado  ha aceptado  que tiene  quince bienes inmuebles a su nombre y de su esposa en Quito e Ibarra: cuatro parqueaderos, cuatro “derechos y acciones” (o sea herencias y donaciones), dos oficinas, una bodega, una casa, un departamento, un terreno y una “construcción”.

Entre otros hallazgos, el informe indica que Terán no declaró los derechos de propiedad intelectual sobre su libro El delito de lavado de activos, registrados en 2023, en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi).