FISCAL NORTEAMERICANO ABRE PROCESO CONTRA BUCARAM Y LOS ESTRADAS

NUEVA YORK (Agencia ANE).-  El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jamie McDonald, y el administrador de la DEA, Terrance Cole, anunciaron los cargos contra el hijo del expresidente, Abdala Bucaram y contra el empresario atunero, Jaime Estrada Bonilla  y su  hijo, Jaime Estrada Medranda, así como contra otros dos ecuatorianos.

McDonald, y el administrador de la DEA, Terrance Cole, los acusan de   conspirar durante más de una década para enviar cocaína a Estados Unidos.

“Los cargos anunciados hoy representan un esfuerzo coordinado para desmantelar la corrupción política y el narcotráfico que han causado estragos en el Ecuador y que han plagado al país con una violencia creciente en los últimos años”, declaró el Fiscal Federal.

“La influencia política, los recursos financieros y las conexiones poderosas no ponen a nadie fuera del alcance de la justicia estadounidense”, afirmó,por su lado, el Administrador de la DEA, Terrance Cole.

“Aquellos que se aprovechan de empresas legítimas para enviar cocaína hacia nuestras comunidades deben saber que la DEA seguirá las pruebas, expondrá sus redes y trabajará con nuestros socios internacionales para llevarlos ante los tribunales. Ningún título, fortuna o vínculo familiar cambia ese compromiso”, subrayó Cole.

Según el Acta de Acusación, los sujetos “desempeñaron un papel fundamental en la transformación del país en un importante centro de tránsito para el 70 por ciento de la cocaína que llega a los Estados Unidos y a Europa”.

Según la acusación, la droga fue oculta  y enviada en  una empresa de mariscos de los Estrada, en alianza con Los Choneros y Los Lobos. 

Desde Guayaquil-Ecuador se reportó que  la Policía Nacional había  detenido a Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz.Además durante el operativo también fueron detenidas otras dos personas vinculadas al mismo caso.

“No hay privilegios, no hay intocables y no hay espacio para la impunidad", declaró el ministro del Interior de Ecuador.

De acuerdo con la información de Ecuador, el  9 de septiembre de 2026, un Tribunal de Garantías Penales de Quito sentenció a Jacobo Bucaram Pulley a nueve años y cuatro meses de prisión por su participación en el denominado caso Pruebas COVID-19.

El hijo del exmandatario fue declarado culpable en calidad de colaborador del delito de delincuencia organizada, dentro de una investigación relacionada con la comercialización irregular de insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.Su padre, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, recibió la misma condena y bajo idéntica condición de participación.

Según la Fiscalía General del Estado, una estructura delictiva  habría operado durante la pandemia para obtener beneficios económicos irregulares mediante la comercialización de más de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico de COVID-19 y otros insumos médicos.

La investigación estableció que en una vivienda de Abdalá Bucaram, ubicada en Guayaquil, se almacenaban miles de pruebas rápidas, mascarillas y lancetas.

En cuanto a Jacobo Bucaram, la acusación sostuvo que habría contribuido al financiamiento de la adquisición de estos productos mediante un pago de USD 321.600 en efectivo.

La  detención de  Bucarám se produjo cuatro años después de que Estados Unidos anunciara restricciones de ingreso contra varios integrantes de la familia Bucaram Ortiz.El 9 de marzo de 2022, la Embajada estadounidense en Ecuador informó que el Departamento de Estado había designado públicamente al exmandatario por su presunta participación en actos significativos de corrupción.

Según el comunicado diplomático, durante su administración presidencial, Bucaram habría incurrido en conductas como apropiación indebida de fondos públicos, aceptación de sobornos e interferencia en procesos públicos.

Entre las personas designadas constaban sus hijos Jacobo Abdalá Bucaram Pulley, Abdalá Jaime Bucaram Pulley y Michel Abdalá Bucaram Pulley, y su esposa, María Rosa Pulley Vergara.

Los Estrada, en cambio fueron detenidos  en Panamá. Ya se ha iniciado el proceso  de extradición y una vez que lleguen a Ecuador, entregarlos a la justicia norteamericana.

La Fiscalía norteamericana dice que “desde hace mucho tiempo”, Medranda y Bonilla se han asociado con algunos de los narcotraficantes más grandes y violentos de la región para enviar cantidades masivas de cocaína desde el Ecuador hacia los Estados Unidos y otros destinos.

Indica que padre e hijo contrabandearon droga a través de su empresa de mariscos en alianza con narcotraficantes a gran escala, incluyendo los líderes de organizaciones violentas de narcotráfico designadas como organizaciones terroristas extranjeras, como Los Choneros y Los Lobos.

Muchos de los cargamentos de cocaína que conspiraron para exportar provenían de grupos paramilitares que operan en las selvas de Colombia", dice el documento de EE.UU.

Menciona que en este año, Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López, otros detenidos en la misma operación, actuaron como intermediarios de los Estrada para negociar con Jacobo Bucaram la exportación de un supuesto cargamento de dos toneladas de cocaína desde el Ecuador hacia México, para su posterior envío a los Estados Unidos.

En el 2023, la empresa exportadora de mariscos de los Estrada fue utilizada para enviar cargamentos de varias toneladas de cocaína desde puertos marítimos ecuatorianos. De hecho, la Policía Nacional del Ecuador incautó aproximadamente 1.444 kilogramos de droga en mayo de ese año.

Jacobo Bucaram, Jaime Estrada Bonilla, Jaime Estrada Medranda, Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López enfrentan los siguientes cargos:

Participar en una conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, delito que conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

Posesión de ametralladoras, delito que conlleva una pena mínima obligatoria de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

Conspiración para poseer ametralladoras, delito que conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

Las penas finales serán establecidas por un juez.