Los casos  descubiertos  comprometen a hospitales  controlados por el Ministerio de Salud,  del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS  e incluso de la policía nacional. La principal característica  de estos negocios   son los sobreprecios en compras, por ejemplo, de mascarillas  que en el mercado cuestan 3 y 4 dólares  pero que fueron cotizadas a través del portal de compras públicas  hasta  el 12 dólares. Lo mismo ha ocurrido  con la compra de fundas plásticas negras  para  embalar  a los cuerpos  que murieron por el coronavirus.

Estos casos  no han sido  manejados  eficazmente  por los órganos de control estatal como contraloría general del Estado, Fiscalía  y Procuraduría  General y menos por la secretaria nacional anticorrupción  de la presidencia de la República,  que han permitido  que los  autores,cómplices y encubridores evadan la justicia.

La   Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) alertó  de que  en por lo menos   23 contratos    en siete  hospitales  de la red pública  de salud de Quito y Guayaquil, Manta, Cuenca, Portoviejo,  se habían cometido actos de corrupción,especialmente  por sobreprecios y favoritismo a casi siempre las mismas empresas proveedoras de insumos médicos de distinta clase. La investigación  de la   CNA    se realizó entre  mayo de 2019 hasta marzo de 2020. El monto total de los 23  contratos   alcanzaría los $32 550 223. "Los  contratos están vinculados a siete hospitales de la red pública y en ellos nos ha quedado claro que se ha favorecido a once proveedores: siete son personas naturales y cuatro son personas jurídicas", declaró el Coordinador de la CNA, Germán Rodas.  

Las  denuncias     fueron    entregadas  a la  Contraloría e incluso  a la   Fiscalía,   pero  tales órganos de control  no han    tomado en cuentas las mismas. La Fiscalía General  del Estado  en un esfuerzo por justificar  su poca agilidad y preocupación  ante  las denuncias, deslindó sus responsabilidades asegurando  que varias  de las investigaciones   que lleva adelante y que corresponden a contrataciones públicas durante el estado de excepción por la crisis sanitaria del coronavirus, están  afectadas por  la interferencia   de la Secretaría Nacional Anticorrupción que viene pidiendo información    a los diferentes fiscales  y porque muchos de los casos  se denuncian   a través de las redes sociales sin ser “sujetos procesales”.

 La Fiscal Diana Salazar  exigió    la supresión  de esa dependencia  que  está  bajo directo control  del Presidente de la República.   La Secretaría está dirigida por José De la Gasca, funcionario que confesó  que  ha estado muy activo en las investigaciones, sobre todo, por las denuncias de sobreprecio en los Hospitales del Seguro Social. 

Por su lado el Director Nacional de Control de la Legalidad de Contratos de la Procuraduría General del Estado,ante las últimas denuncias de corrupción en el sector de la salud,   considera que el problema central de la misma no radica en los procedimientos de contratación pública, sino en las personas que toman “erradas” decisiones en dichos procedimientos. Desde esta óptica –sostiene- lo que se debería hacer, más allá de alguna reforma posiblemente necesaria a la normativa, es definir procedimientos de selección, que privilegien una actuación ética habitual con base en perfiles adecuados, para escoger a las mejores personas para la gestión de la contratación pública. En esa línea requisitos esenciales a tomar en cuenta son: gozar de probada honorabilidad, demostrar una hoja de vida pública absolutamente limpia e intachable y un conocimiento profundo de las normas que regulan la contratación pública con una actualización complementaria permanente, al intentar dar una clase de ética pública.