Esta suspensión rige dentro del estado  de excepción  vigente  por la grave conmoción interna en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Según el Decreto 370, la suspensión del derecho a la libertad de tránsito  rige a partir del 03 de mayo de 2026 hasta el 18 de mayo de 2026, en la franja horaria de las 23h00 a las 05h00. 

Según el Gobierno,  en ese lapso,  se ha determinado  que aumenta la vulnerabilidad territorial,debido a la reducción de la presencia militar y policial y por la limitada capacidad de reacción inmediata.  Esto es aprovechado por  las  estructuras criminales organizadas  para ejecutar acciones delictivas con mayor margen de maniobra,lo que   favorece la planificación y materialización de eventos violentos, así como la movilidad y repliegue sin una intervención oportuna.Estos periodos son como ventanas críticas para la ocurrencia de hechos de alto impacto, señala  el gobierno.

 El gobierno justifica  el  toque de queda    por constituir una medida idónea para reducir la exposición de la población civil,disminuir la probabilidad de daños colaterales y reforzar los mecanismos de control y trazabilidad,sin que de su sola vigencia se derive habilitación jurídica para el uso de la fuerza letal.  

En Ecuador  existe una  escalada sostenida de violencia asociada al accionar de grupos armados organizados, grupos de delincuencia organizada transnacional y grupos de delincuencia organizada,cuya actividad afecta de manera directa la seguridad integral de Estado,el orden público,la paz social y el normal desenvolvimiento de las funciones estatales.

El gobierno sostiene que siguen produciéndose reiterados hechos delictivos de alta intensidad, como  homicidios múltiples intencionales, asesinatos selectivos mediante sicariato, ataques con artefactos explosivos, hallazgo de cuerpos desmembrados,atentados contra viviendas, locales comerciales y transporte público,así como intimidaciones mediante panfletos y mensajes criminales.

Estos hechos son más  frecuentes en las  provincias de  Pichincha,Esmeraldas,Santo Domingo de los Tsáchilas,Manabí,Guayas, Santa Elena,Los Ríos,El Oro y Sucumbíos,así como los cantones La Maná, Las Naves,Echeandía y LaTroncal.

Estas zonas además están  vinculados a rutas del narcotráfico,corredores marítimos,zonas portuarias y espacios urbanos con presencia histórica de estructuras criminales.

De otro lado  la medida  adoptada por  el gobierno  ha sido objetada por  ciertos sectores empresariales  que se resisten  a reordenar  sus horarios  de producción y de transporte de productos porque,según aducen, provocan  pérdidas  a sus economias, por lo que incluso,  se han aventurado  a pedir  al regimen  compensaciones económicas.