El último episodio del 10 de enero pasado demostró el control militar que existe para el funcionamiento   de una institucionalidad fundamentada en la separación e independencia de los poderes públicos con la posesión ilegítima de Nicolás Maduro, como presidente  hasta el año 2031 al despojar del cargo a Edmundo González Urrutia, que ganó los comicios  presidenciales  con un respaldo popular del 63 por ciento.

Las presiones  de gobiernos, de la OEA, ONU, organizaciones internacionales de justicia  y defensa de la democracia,  han sido un “tiro al aire” no escuchado por  Maduro y los altos mandos militares. Todos han fracasado y sus ultimos pronunciamientos  han sido meras evaluaciones  que han caído  en la retórica del lenguaje político internacional.

El último informe  de la agencia  de la OEA, CIDH  es uno de ellos.  El informe  escrito en Washington recolecta  los datos de las diferentes versiones emitidas clandestinamente desde distintos medios  que operan en Venezuela.

Según ese documento que será, como  en anteriores ocasiones,  leído en el seno del Consejo Permanente de la OEA, ahora presidido por el representante del gobierno de Bolivia, “las elecciones presidenciales  del 28 de julio de 2024  por  las circunstancias que la  rodearon configuran, a todas luces, una alteración del orden constitucional. El régimen ejecutó una estrategia planificada dirigida a impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda libre, justa y competitiva, y reprimir las protestas sociales provocadas por la opacidad electoral y las denuncias de fraude. Todo esto, con la participación, aquiescencia y tolerancia de las instituciones creadas para resguardar la democracia y proteger los derechos humanos,” dice el documento. 

Agrega que   la opacidad electoral  y las graves denuncias de fraude dieron lugar al estallido de 300 manifestaciones a nivel nacional. La represión  incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas, especialmente, a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes.

 Entre las violaciones documentadas están: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, cancelación de pasaportes, muertes violentas,   violaciones a las garantías judiciales y a la libertad de expresión. 

Además persiste la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas  desde el 2017. Esta impunidad   es consecuencia de la falta de separación e independencia de los poderes públicos, en particular, del Poder Judicial.

La CIDH insta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional  presentar formalmente un caso por la comisión de crímenes de lesa humanidad, aunque no precisa en contra de quien o quienes. 

 Como antes la CIDH pide   poner  fin a la persecución y a la represión política,liberar, de forma inmediata e incondicional, a todas las personas presas políticas, en particular, niñas, niños y adolescentes; cesar la detención arbitraria contra quienes manifiestan una posición crítica o disidente al régimen, defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Además exige restablecer el orden constitucional, garantizando:

-La independencia y equilibrio de poderes, en particular, del Poder Judicial y del Poder Electoral; 

-La participación política sin ningún tipo de represión o discriminación

 -Restablecer el efectivo control ciudadano sobre la actuación de los distintos poderes del Estado.

-Publicar todas las actas de votación y permitir una auditoría independiente, con observancia internacional. 

- Garantizar una legítima y pacífica sucesión constitucional. 

-Adoptar medidas   efectivas para asegurar la independencia del Poder Judicial.

- Liberar de manera inmediata a las personas privadas arbitrariamente de la libertad. 

- Garantizar el debido proceso en todas las etapas procesales vinculadas con detenciones en el contexto electoral

 -  Abstenerse de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias, en particular, niños, niñas y adolescentes; y en caso de que una persona sea privada de la libertad, asegurarse de se cumplan todas   las garantías del debido proceso, incluyendo la pronta presentación ante una autoridad judicial competente, independiente e imparcial. 

-   Excluir la participación de grupos civiles armados en tareas de seguridad ciudadana. 

- Otorgar a los   periodistas   garantías para que no sean detenidos, amenazados, agredidos, ni que sus materiales y herramientas de trabajo sean aprehendidos.

- Modificar las leyes penales ambiguas e imprecisas que limitan la libertad de expresión.

 - Abstenerse de aplicar limitaciones al funcionamiento de los sitios web, blogs, aplicaciones, u otros sistemas de difusión de información en internet, electrónicos, o similares, incluyendo sistemas de apoyo, como PSI, o motores de búsqueda.