El Jefe de la Función Legislativa hizo esta comparación con  lo que ocurre  en el campo cuando se trata de domar a un caballo chúcaron. Yo mi crie en el campo, dijo en radio Exa de Quito en una entrevista.

Los problemas  que  enfrentan  Olsen  tienen que ver con la postura  obstruccionista permanente de los asambleistas de la Revolución Ciudadana  que no  dan su brazo a torcer en su esfuerzo por anular todas las propuestas legislativas  del gobierno de ADN. Sin embargo  este grupo que tiene la   mayoritía   en la hora  de votar se han adherido  a las propuestas oficiales. 

La intención  de  obstruir  la labor gubernamental  a través de llamados  de fiscalización  no ha prosperado.  Cada error o paso en falso de sus adversarios  es motivo de una campaña  de desinformación y  descredito  a través de las redes sociales. El último episodio continúa  porque un legislador, el más jóven de toda los asambleistas, dibujaba caricaturas  mientras asistía  a una sesión de trabajo de una de la comisión que  debatía  el proyecto emergente  sobre medio ambiente. 

Esta campaña derivó en denuncias  de que este legislador tenía  parientes  contratados  en la Asamblea. Esta denuncia  destapó lo que es  voz populi de que en la Asamblea  trabajan  hijos, hermanos, convivientes  todos los asambleistas y que incluso algunos  reciben un porcentaje del salario que perciben mensualmente.

Entre tanto la Revolución Ciudadana enfrenta un nuevo escándalo. El asambleista  Santiago Diaz es acusado  de habert violado a una niña  de doce años. El denuncia  fue inmediatamente  fue  separado del bloque y este aduce que es inocente. El caso está en manos de la Fiscalía General del Estado.

Según el anuncio del Presidente de la Asamblea, ocho familiares de asambleístas ya fueron desvinculados y tres presentaron su renuncia, mientras  sigue el tramite  para aceptar la renuncia  de otros 40 empleados. También se prepara un nuevo reglamento interno  para la administración de personal.

Los  casos  de piponismo  son  normales para  los asambleistas.  Durante los últimos años  ha habido sanciones  y destituciones  por cobrar parte de los salarios  de sus asesores y empleados. El caso más sonado se produjo durante la presidencia del Congreso  de Fabián Alarcon. Este político fue procesado y sentenciado por casos  escandalosos de piponismo legislativo.