La conclusión de la Fiscalía se sustenta en los informes periciales realizados que demuestran que las capacidades de almacenamiento de las estaciones de servicio de propiedad de Alvarez y sus hermanos y padre,no corresponden al volumen adquirido a las empresas procesadas, cuyos   representantes también fueron imputados.

Estos elementos de convicción y otros 250 documentos, sirvieron para que  el Juez de la Unidad Anticorrupción,Renán Andrade llame a juicio a 16 personas, entre ellas al alcalde  Aquiles Álvarez, sus hermanos Xavier,Juan Carlos, Juan Dionicio  y a las  empresas  Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Indudiesel y Harsajudi S. A. 

 El Juez Andrade no dispuso prisión preventiva para ninguno de ellos, pero si el uso de un grillete electrónico. El alcalde  fue exonerado de usar tal aparato, aduciendo  que tiene  deficiencias cardiácas, según el certificado medico presentado.

 El caso conocido como Triple A se ventila  tras una denuncia  de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel). Esta  alertó sobre una distribución y comercialización irregular de combustibles, lo que habría generado un perjuicio al Estado ecuatoriano, debido a diferencias considerables entre el volumen despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.

Según la investigación de Fiscalía, el perjuicio económico al Estado ascendería a 61’502.658,39 dólares, correspondiente a 22’777.191,80 galones de combustible (diésel y gasolina).Los informes periciales determinaron que las capacidades de almacenamiento de las estaciones de servicio no corresponden con el volumen adquirido a las empresas procesadas. Además, durante la instrucción fiscal se identificaron irregularidades que serían atribuibles directamente a los representantes de dichas compañías.

 Este tipo de delitos son  castigados  por el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que  tiene ahora  disposiciones específicas desde la última reforma  de junio pasado.

El defensor  de Alvarez, Ramiro García, por su lado, emprendió  una campaña  de desprestigio contra  la Fiscalía  sobre este caso para lo cual  está utilizando  las redes sociales y algunos medios  de comunicación. Ya dijo que en las 49 mil  hojas  de documentos del caso  que ha leído él y su equipo  no hay pruebas.

"El juez del caso triple A llama a juicio a todos los procesados bajo el argumento que todo lo alegado por los equipos de defensa debe debatirse en juicio. Entonces, ¿para qué están los jueces de garantías si no van a analizar los argumentos de las partes? Una vergüenza", indicó el jurista, en su cuenta de X.