La conferencia del periodista Simancas Cevallos fue la siguiente:
En este galopar sobre la corrupción, el papel de los medios de comunicación social parecería inoficioso e impotente por el poder que logran los corruptos. Se relaciona su labor perioddística más bien con el escándalo, el sensacionalismo y el deseo de hacer daño y menos con su trascendental papel de denuncia de casos.
El papel del periodismo a lo largo de la historia ha sido trascendental. En la época colonial se crearon los Tribunales de Cuentas con el objeto de controlar a los súbditos para que paguen los tributos y a su vez a los recaudadores para que no se queden con los tributos. Los Cronistas de Indias dregistraron los atropellos e inmoralidades de los representantes de la Corona Española.
El fundador del periodismo escrito ecuatoriano, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, en los pocos números de las Primicias de la Cultura de Quito, denunció la imperante corrupción de la época. El terminó en una masmorra y entregando su vida.
El llamado padre de la República,Juan José Flores, fue desenmascarado como falsificador de billetes por el periódico “El Quiteño Libre”. Los caballos pisotearon y destruyeron la imprenta; los periodistas fueron arrestados, golpeados, perseguidos y asesinados.
La corrupción ha estado y está unida al poder político y económico. Sus actores, como aves de rapiña y como aves de paso por la administración pública, actúan inventándose miles de artimañas para evadir la ley y la justicia.
Actualmente, la prensa, escarbando por encima, superficialmente, ha encontrado y sigue encontrando casos de corrupción pública o privada en los contratos y negocios con el Estado.
Algunos ejemplos ya los mencionaron aquí. Son diarios, se ha vuelto parte de la cotidianidad social pero, asimismo, se han creado tantos y cada vez más complicados mecanismos de control que, por su misma naturaleza resultan impracticables.
La corrupción ha cambiado en el curso de la historia ecuatoriana. Citando más ejemplos, en el periodo garciano, Juan Montalvo combatió la corrupción, lo mismo hizo García Moreno contra los gobiernos liberales. La revolución Juliana estalló para derrocar la corrupción, el caos, el despotismo.
Los innumerables levantamientos militares, golpes de Estado, asonadas cívico-militares, fueron para combatir la corrupción. La misma revolución liberal alzó su voz en contra de los corruptos conservadores, pero terminaron enredados en el torbelino de la misma.
El Presidente Isidro Ayora,tras la revolución juliana, trajo a la llamada misión Kemmerer de Estados Unidos para, supuestamente, dar solución a estos males. Nació la Contraloría General del Estado, las superintendencias de bancos e incluso la Caja del Seguro Social.
A comienzos de la dictadura revolucionario nacionalista encabezada por el general Rodríguez Lara, se contrato a una misión de expertos parecida a la misión Kemmerer para implantar la llamada Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, asimismo para combatir la corrupción pública. Esta Ley sigue vigente, pero ahora solo pesca a los pequeños peces, mientras los gordos son benefactores.
La corrupción y la política son hermanas. En los años 70 el presidente José María Velasco lbarra fue derrocado acusado de amparar la corrupción de un grupo de sus colaboradores.El Secretario General de la Administración de ese entonces, regresó de Lima cargado de maletas con contrabando para citar un de los tantos actos inmorales.
Años más tarde los golpistas militares también eran destituídos por el mal uso de los recursos públicos que fueron abundantes por el aparecimiento del petróleo. Esto abrión las puertas para el surgimiento de nuevos ricos políticos y empresarios. Se alzó en armas un grupo de generales y coroneles, encabezados por el General Raúl González Alvear para tumbar a Rodríguez, pero fracasó. Rodríguez poco tiempo después fue derrocado por un triunvirato militar.
Las leyes ecuatorianas son excepcionalmente complicadas. En vez de sancionar los delitos de peculado o enriquecimiento ilícito parecería que los protegen. Por ejemplo una reforma al Código Penal y a la Ley Orgánica de Administración y Control vigente introducida en agosto de 1985, fue derogada en octubre de 1986 por el Congreso de ese entonces.
Quedó como opcional revelar la situación patrimonial del funcionario de elección popular y del empleado público antes y después de asumir el cargo.
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