Estos documentos reservados fueron desclasificados por orden de la Corte Constitucional. Este jueves los datos completos se  entregaron a   Manuel Ricardo Rivas Bravo, Galo Ortega Minda y Cristhian Andrés Segarra Jaque,  parientes cercanos de las víctimas. Los parientes utilizarán  estos documentos para  completar la denuncia para presentar  una demanda  contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos y posterior enjuiciamiento   a través  de la Corte Interamericana  de Justicia.

Los parientes presumen  que ni el gobierno ecuatoriano y menos el colombiano hicieron lo suficiente para  rescatarlos con vida.

El secuestro   y posterior   asesinato   del  periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra ocurrió  el 26 de marzo del 2018 en Mataje,  Esmeraldas, cuando intentaron  realizar un reportaje  sobre las actividades de narcoguerrilleros del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) colombiano Frente Oliver Sinisterra, liderado por el ecuatoriano, Walter Patricio Arizala Vernaza,  alias Guacho.

La Corte  sostiene  que  hubo  una grave  vulneración a derechos humanos, a la libertad, a la integridad y a la vida del equipo periodístico.En este caso el organismo constitucional llamó la atención a los  ministerios de Defensa Nacional  e  Interior y la ex Secretaria Nacional de Seguridad  que ejercieron las funciones de secretaría del COSEPE, porque no presentaron la resolución que habría clasificado, con carácter de secreto, a la información relacionada con el secuestro y posterior muerte del equipo periodístico. 

De acuerdo con la decisión constitucional   la desclasificación de las actas, los audios, transcripciones y las listas de asistentes de las sesiones 18 de 28 de marzo de 2018, 19 de 13 de abril de 2018, y 20 de 17 de abril de 2018 del COSEPE, se realizará únicamente respecto de las partes que se relacionan exclusivamente con el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico. Así mismo advierte  a los familiares  de las víctimas  que guarden  “el debido sigilo sobre la divulgación de su contenido que no se dirija a cumplir con fines constitucionales y legales que estén relacionados directamente con una presunta vulneración de derechos.”

 Esta documentación  y otras despues  de la supresión  de la  SENASEG está en manos  del  Ministerio del Interior,  entidad   encargado de la Secretaría del COSEPE y ser responsable de la información clasificada, los libros de actas, documentación y contenido digital;  y de establecer procesos para la gestión documental y de archivo del Consejo de Seguridad Pública y del Estado

La  Corte recuerda que el secretario del COSEPE es responsable de la información clasificada, las actas, gestión documental y del archivo generada por dicho Consejo.Además  subraya que  cuando la información pública guarda relación con infracciones penales o violaciones a derechos humanos, el Estado tiene la obligación  de preservar los documentos que puedan tener relación con violaciones a los derechos humanos, manejar adecuadamente la información “de manera que se prevenga su alteración, mutilación, ocultación o destrucción”, así como “reconstruirla en los casos en los que la información se extravió, es incompleta y no puede ser recuperada”.

La Corte Constitucional  en la sentencia  dictada  hace un mes  amonesta  a  los  ministerios de Defensa Nacional  e  Interior y la  ex Secretaria Nacional de Seguridad  por  no presentar   la resolución de clasificación de las actas 18 de 28 de marzo de 2018, 19 de 13 de abril de 2018, y 20 de 17 de abril de 2018 de las sesiones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado.