Esta ley reformatoria, vigente una vez que se publique en el Registro Oficial, modifica la definición de acoso laboral y en el  futuro  se entenderá por violencia y acoso laboral los comportamientos y prácticas inaceptables incluidas las amenazas, la violencia y el acoso de género o por razones discriminatoria si este acto  ocurriera una sola vez o de manera repetitiva y que pueda  provocar  un daño físico, psicológico, sexual, económico, político, simbólico o digital.

 La Ley señala además que se  entenderá como  violencia y acoso laboral: lla no desconexión digital, el desacato al tiempo de descanso del trabajador, permisos y vacaciones, así como de su privacidad de la intimidad personal y familiar; el cambio de ocupación sin autorización expresa y escrita del trabajador y la reducción de la remuneración, esta última  se la  considerará como  violencia psicológica y patrimonial.

 La reformada legislación  encarga a los  inspectores del trabajo para  que reciban las  conductas  de esta naturaleza  que se denuncien como violencia y acoso laboral.

Los inspectores del trabajo quedan facultados para imponer sanciones pecuniarias, ordenar medidas de reparación contra las víctimas, disponer disculpas públicas y establecer medidas de protección a denunciantes, víctimas, testigos o informantes.

 Se incluye en la protección contra la violencia y el acoso laboral a todas las personas que tengan alguna relación con empleadores, como personas en formación, pasantes, aprendices, extrabajadores, voluntarios, personas en busca de empleo, postulantes a un empleo.

La ley  no establece  sanciones  administrativas  y menos penales para quienes  actúen  de esta manera en las estructuras  de trabajo  sean públicas o privadas.