Esta sanción, de primera instancia, será apelada por los abogados del ex mandatario. La medida judicial ha desatado en Colombia una cadenas de protestas y rechazos por la forma  como se tramitó el proceso que se apartó de lo judicial y dio paso a la politización. Las acusaciones fueron impulsadas por bandos políticos vinculados a las organizaciones  subversivas colombianas. 

La jueza Sandra Heredia sustentó en 1.114 páginas los argumentos jurídicos para la condena en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El ex presidente deberá  estar en prisión domiciliaria  por  12 años. Además la condena fija  una multa de 2.420,5 salarios mínimos legales por mes y su inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. 

TEXTO DE LA CONDENA

• PRIMERO: Se absuelve a ÁLVARO URIBE VÉLEZ de la conducta de soborno en relación con el evento denominado Hilda Niño Farfán. De igual manera, se le absuelve del delito de Fraude Procesal en el evento denominado Pacho Cundinamarca en relación con Harlintong Mosquera.
• SEGUNDO: Se condena a ÁLVARO URIBE VÉLEZ a una pena principal de CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) MESES, equivalentes a DOCE (12) AÑOS DE PRISIÓN. Adicionalmente, se le impone una multa de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CINCO DÉCIMOS (2.420,5) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (S.M.L.M.V.). Como sanción principal, se determina una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 100 meses y 20 días. La condena se establece como determinador penalmente responsable del delito de Soborno en Actuación Penal en concurso homogéneo y Fraude Procesal en concurso homogéneo y heterogéneo, tal como se expuso en la parte motiva de la sentencia.
• TERCERO: Se le concede al sentenciado el subrogado penal de la prisión domiciliaria. Esto se regula bajo el artículo 38B de la Ley 599 de 2000, con la obligación de cumplir lo previsto en el numeral 4o de dicho artículo, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014. 

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, deberá presentar una caución o póliza judicial por la suma de CUATRO (4) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

• CUARTO: Dado que el señor Uribe Vélez reside en Rionegro, Antioquia, se comisiona al Centro de Servicios Judiciales de dicha localidad para recibir la caución impuesta, la cual deberá ser consignada en la cuenta del Banco Agrario 110012048001 a favor del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio. Asimismo, este centro deberá realizar la suscripción de la diligencia de compromiso y la expedición de la boleta de encarcelación. El establecimiento carcelario encargado de la vigilancia deberá proceder a su traslado INMEDIATO a su domicilio, donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos.
• QUINTO: El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el acápite de “OTRAS DETERMINACIONES”.

Tras conocer la sentencia  28 expresidentes de América Latina   advirtieron múltiples “anomalías” en el proceso.

“A pesar de todas las vulneraciones e irregularidades, Álvaro Uribe Vélez, colombiano ejemplar y expresidente de Colombia, se ha sometido a la justicia, ha comparecido personalmente, ha colaborado en cada instancia y cada paso de este tortuoso procedimiento. Hoy enfrenta un anuncio de condena en primera instancia que se ha construido sobre una cadena de irregularidades. Esta comunicación no busca generar presión institucional o personal sobre la justicia colombiana. Por el contrario, se presenta para denunciar un patrón histórico estructural previo, cuyas consecuencias jurídicas hoy se han materializado con un anuncio de condena que exige una atención oportuna desde los órganos internacionales", señala la carta enviada a varios organismos de derechos humanos internacionales.   

“Con nuestra convicción democrática y compromiso con el Estado de derecho, pedimos sus actuaciones para evitar que el expresidente Uribe continúe siendo víctima de un proceso penal plagado de anomalías, que ahora ha derivado en una condena judicial de primera instancia. Las anomalías de dicho proceso constituyen afectaciones sistemáticas a sus derechos amparados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, se lee en la misiva.