El pronunciamiento de esa agencia  de la OEA  fue difundido en vísperas de que comience  la campaña electoral   para  elegir   prefectas, viceprefectos, alcalíes, concejales urbanas y rurales, vocales de juntas parroquiales, así como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,CPCCS,el próximo 29 de noviembre.Estos comicios  inicialmente  estaban programados  para febrero de 2027, pero  el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 27 de marzo  pasado, con base a un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos sobre posibles afectos del fenómeno de El Niño, decidió adelantar la fecha. Esta a decisión fue impugnada por diversas organizaciones políticas ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la Corte Constitucional, organismos  que  ratificaron la decisión de adelantar  las elecciones.

La CIDH pide  que el CNE y el gobierno  aseguren que el proceso se desarrolle en condiciones de participación política plural e igualitaria, y que toda decisión con efectos sobre la contienda electoral se adopte con plenas garantías judiciales, motivación suficiente y acceso a un recurso efectivo.

Sin embargo la CIDH cuestiona las decisiones   administrativas y jurisdiccionales del TCE y de la Corte Constitucional sobre la supresión de algunos movimientos políticos, especialmente  del fundado por el expresidente, Rafael Correa. Menciona que  el 6 de marzo de 2026,el TCE  suspendió por nueve meses al movimiento Revolución Ciudadana.En este caso, dice el organismo internacional  el juez a cargo de dicha causa  fue objeto de amenazas de muerte por lo que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes.

La CIDH rechaza  las amenazas contra operadores de justicia electoral y recuerda que su protección integra las garantías del proceso electoral.Las actuaciones con efectos sobre la contienda electoral, incluidas las suspensiones dispuestas en sede jurisdiccional, los procedimientos sancionatorios y las cancelaciones de personería jurídica, deben adoptarse con estricto apego a las garantías del debido proceso, a la debida motivación y al acceso a un recurso judicial efectivo; sin que puedan traducirse en la exclusión arbitraria de opciones políticas ni afectar el pluralismo del proceso electoral, señala el comunicado.

En consecuencia, agrega,  las actuaciones con efectos sobre la contienda electoral, incluidas las suspensiones dispuestas en sede jurisdiccional, los procedimientos sancionatorios y las cancelaciones de personería jurídica, deben adoptarse con estricto apego a las garantías del debido proceso, a la debida motivación y al acceso a un recurso judicial efectivo; sin que puedan traducirse en la exclusión arbitraria de opciones políticas ni afectar el pluralismo del proceso electoral. La Comisión subraya que estas garantías protegen no solo a las organizaciones afectadas, sino también el derecho del electorado a elegir entre una pluralidad de alternativas. Del mismo modo, las reglas que rigen el calendario y la inscripción de candidaturas deben aplicarse con previsibilidad y certeza jurídica, de manera que ninguna agrupación quede en desventaja por razones ajenas a la voluntad de las electoras y los electores.

Por lo expuesto, la CIDH llama al Estado a garantizar condiciones de participación política plural e igualitaria durante todo el proceso electoral. Asimismo, insta a Ecuador a asegurar que toda decisión con efectos sobre la contienda se adopte de manera oportuna, con plenas garantías judiciales, motivación suficiente y recursos efectivos, conforme al marco normativo interno y a los estándares interamericanos; y a resolver con celeridad los recursos pendientes ante la justicia electoral y constitucional, de modo que las decisiones adquieran firmeza antes de que sus efectos resulten irreversibles para el proceso. Se exhorta a las autoridades competentes a garantizar el acceso a información pública oportuna y confiable sobre las reglas, los plazos y las decisiones que rigen los comicios.