Esta  ciudadana  fue Investigada por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de tráfico de influencias. Ahora corre el riesgo, una vez que concluya  el largo proceso judicial, que  sea sancionada   de 3 a 5 años, según el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Dicho artículo castiga el delito de tráfico de influencias de los servidores públicos o las personas que ejerzan potestad estatal que, valiéndose de su cargo o relación personal o jerárquica, influyan en otro servidor para obtener un acto o resolución que genere un beneficio económico o inmaterial para sí o para terceros.

Antes de iniciar  este proceso ya la Contraloría General del Estado, estableció  indicios de responsabilidad Penal (IIRP) en su contra.El informe determinó  que  tal  ex consejera, cuando ejercía el cargo de  directora de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura (CJ) entre el 2 de enero de 2020 y febrero de 2024, habría gestionado en 2021 la contratación de su hijastra y manejado    una donación de 120.000 euros otorgada en 2021 por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Goyes  habría  hecho  la   contratación pese a que la hijastra  no habría cumplido el perfil profesional ni la experiencia laboral requeridos para el cargo.  Incluso está habría obtenido el título de abogada aproximadamente sesenta días antes de su contratación como especialista.

La audiencia  de   formulación de cargos  se realizó  este lunes. La acusada en un esfuerzo por impedir  la misma, había presentado una acción de protección  ante un juez  y emprendido una campaña, vía redes sociales, para presionar  una  resolución  favorable.  

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó  más de cuarenta elementos de convicción.

Además  de Goyes están involucradas Cinthya Carolina Carrazco, quien igualmente ejerció la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia, y la activista y exfuncionaria Margarita Lourdes de Carranco,una activista de defensa de los derechos humanos y de niños. 

De otro lado la Asamblea Nacional   realizó un juicio político en su contra y no fue censurada  porque el bloque legislativo de la revolución ciudadana  se abstuvo de votar, permitiendo  que no haya  mayoría para la sanción.