Según el gobierno norteamericano la medida tiene como objetivo   proteger los recursos de posibles actos de corrupción y de reclamaciones judiciales relacionadas con antiguas expropiaciones realizadas por el Estado venezolano.

Se estima que  alrededor del 83 % de los ingresos petroleros del país quedarían sujetos a este mecanismo de administración. Las exportaciones  petroleras   representan más del 85 %  del principal sostén de la economía .

Actualmente    la producción de crudo  alcanza  1,2 millones de barriles diarios con proyección a que  llegue  a los 1,5 millones antes de finalizar el año. Las operaciones  de extracción están a cargo de las petroleras internacionales Chevron, Repsol, Maurel & Prom, Shell y BP, así como por una recuperación parcial de las operaciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Aunque la producción petrolera aumenta y los ingresos muestran una tendencia positiva, los beneficios aún no se reflejan plenamente en la vida cotidiana de los venezolanos. La inflación continúa siendo uno de los principales desafíos económicos del país, mientras que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo permanece elevada. Los salarios siguen rezagados frente al costo de vida y varios sectores estratégicos de la economía mantienen niveles de actividad inferiores a los registrados antes de la crisis.

Lo cierto es que la Orden Ejecutiva 14373 ha introducido un elemento inédito en la ecuación venezolana: por primera vez, una parte sustancial de la renta petrolera nacional será administrada bajo supervisión extranjera, en una decisión que podría redefinir el futuro económico y político del país,según los expertos.