El informe mundial  sobre los derechos humanos  difundido por la organización Human Rights Watch reitera esta visión de la situación ecuatoriana y  también hace referencia  sobre lo ocurrido en el país  durante  el mandato, a medio periodo, del gobierno presidido por el señor Guillermo Lasso.

El panorama  es el siguiente:

• Las instituciones democráticas, que fueron debilitadas durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017), siguen siendo frágiles y están marcadas por señalamientos de corrupción, injerencia en el nombramiento de autoridades y destituciones con motivaciones políticas.

• Hacinamiento y la falta de control estatal en las cárceles de Ecuador ha  contribuido para que pandillas se enfrenten, entre febrero de 2021 y octubre de 2022, al menos nueve ocasiones,  dejando  un saldo de aproximadamente 400 detenidos muertos.

• Protestas contra el gobierno de  junio  2021 fueron  contra el acceso inadecuado a la salud,  educación y  empleo  y  eliminación de subsidios a los combustibles, pero las Fuerzas de seguridad respondieron de forma abusiva  lo cual provocó el estallido de la violencia   de manifestantes o infiltrados.

• Corrupción, ausencia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, restricciones al acceso al aborto y escasa protección de niños y niñas y de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT)   

• Uso  excesivo de la prisión preventiva   y retrasos en la concesión de beneficios penitenciarios establecidos por ley.

• Guías penitenciarios no están debidamente preparados y son insuficientes para contener  violencia.
• Ecuador no  cuenta con datos precisos sobre el número y la identidad de los detenidos.  Informe de censo realizado no ha sido difundido.
• En Quito y Guayaquil  hubo uso excesivo de la fuerza frente a las manifestaciones pacíficas el por el  Día Internacional de la Mujer.  

• Las manifestaciones contra el gobierno  fueron reprimidas de manera directa. Los manifestantes culparon a infiltrados por hechos de vandalismo, saqueos y el bloqueo de insumos médicos que debían ser entregados a hospitales. 

• En los incidentes murieron  6  civiles y 1 militar   y  hubo más de 300 personas heridas, según organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación ecuatorianos.  
• Desde el  2022 rige la ley que prohíbe a las fuerzas de seguridad el uso excesivo, arbitrario o ilegítimo de la fuerza y que establece que el uso de la fuerza debe observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, humanidad, no discriminación y rendición de cuentas. La ley solamente permite el uso de armas letales cuando exista la amenaza de lesiones graves o muerte 

• Continuaron los señalamientos de demoras injustificadas en los procesos, ausencia de garantías de debido proceso y presiones indebidas en la justicia.

• El diálogo entre el gobierno y movimientos indígenas para tratar las cuestiones que motivaron las protestas  de junio  concluyó el 14 de octubre del 2022 con más de 120 acuerdos.

• La Corte Constitucional dictaminó que las comunidades indígenas deben ser consultadas sobre los proyectos extractivos que puedan afectar sus tierras, y que solo en circunstancias excepcionales los funcionarios pueden autorizar proyectos sin el consentimiento de la comunidad.

• Gobierno declaró una moratoria temporal en 15 zonas extractivas e indicó que no otorgaría más concesiones mineras hasta que se aprobara una ley que regulara los procesos de consulta.

• Vigente Ley sobre aborto  con restricciones tales  como que primero se debe denunciar la violación a las autoridades.  

•  Corte Constitucional suspendió provisionalmente los artículos que exigían a las niñas víctimas de violación obtener la autorización de un representante legal para abortar.  

• Continúan  los obstáculos al acceso al aborto, así como la  estigmatización, los malos tratos, el temor a la posibilidad de enfrentar un proceso penal y la interpretación restrictiva de la excepción de salud.  

•  Entre enero y agosto del 2022 la Fiscalía General del Estado reportó 53 feminicidios –homicidios de mujeres  perpetrados por motivos de género.

• Ecuador reconoció   su responsabilidad en la desaparición de Luis Eduardo Guachalá Chimbo, un joven de 23 años con discapacidad intelectual. Guachalá desapareció de un hospital psiquiátrico en 2004 y Ecuador no cumplió con su obligación de buscarlo.

•  Casi el 30 % de las más de 14.000 denuncias de violencia sexual que registró el Ministerio de Educación de Ecuador entre enero de 2014 y abril de 2022 ocurrieron en escuelas públicas y privadas. 

•   Asamblea Nacional no cumplió  con las órdenes de la Corte Constitucional de revisar las disposiciones sobre matrimonio civil para incluir a parejas del mismo sexo; permitir la autodeterminación en los procedimientos de reconocimiento de género; regular los métodos de reproducción asistida; y permitir a las parejas del mismo sexo registrar a sus hijos con sus apellidos.