La Corte Constitucional dejó sin efecto las sentencias dictadas el 16 de noviembre de 2021 por el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Puebloviejo, provincia de Los Ríos y las del 14 de diciembre de 2021 por la Sala Multicompetente de la Corte   Provincial de Justicia de Los Ríos.Estos jueces ordenaron,mediante sentencia, que la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL  pague  a los empleados y extrabajadores eléctricos millonarias indemnizaciones y que se incorporen al contrato colectivo a miles de  empleados  que el comité obrero patronal  había  firmado con la empresa.

La Corte Constitucional dispuso que  la telefónica estatal  recupere la totalidad de los valores pagados a los beneficiarios  y que estos  devuelvan  lo recibido. Recomienda que la empresa pública pacte, con cada beneficiario, la devolución mensual de los rubros que correspondan, a través de sus roles de pago en un  el plazo máximo de 36 meses.

 Con respecto a la actuación de los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, la Corte dispuso:  Declarar que Joseph Rober Mendieta Toledo y Jorge Luis Euvin Villacrés, jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos,  incurrieron en error inexcusable al desnaturalizar la garantía jurisdiccional por haber declarado la titularidad de derechos laborales derivados de un contrato colectivo respecto de servidores públicos administrativos de CNEL EP. 

La Corte Constitucional concluye asegurando que la conducta judicial de los  citados jueces cometieron una infracción gravísima que deberá ser sancionada  por el Consejo de la Judicatura.

También se incluye  al    juez de instancia, Ángel Enrique Tapia Vélez, por  sus actuaciones    injustificadas y contrarias a Derecho.  Así mismo  dispone el envío del expediente a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones correspondientes.

El caso se originó el 28 de octubre de 2021, cuando sindicalistas de CNEL presentaron una acción de protección para incluir a 1.800 funcionarios adicionales en el contrato colectivo, argumentando que la Ley de Empresas Públicas era "discriminatoria". Esto incrementó el número de beneficiarios de 3.500 en 2018 a más de 5.300 en 2022.