Esta red formada, según la    Fiscalía,   ofrecía colocar personas en cargos directivos de distintos hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que, posteriormente, los favorecerían con contratos, a cambio de cancelar valores que iban desde 5.000 y 10.000 dólares por cargos de nivel medio, 70.000 por la dirección de un hospital del día, 2’000.000 por una dirección médica o 4’000.0000 por la dirección de Salud.

 La  decisión    para sobreseerlos  mediante  el recurso  de apelación   está en manos  del   Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia, integrado por los jueces José Miguel Jiménez, , Mónica Bravo y Patricio Vaca.

Los implicados cuya identificación completa  omite  la Fiscalía responden a los nombres de   Marcelo S. M., Hernando M. S., César Fernando P. R. Esteban Sandino T. R., Esteban A. S. y Carlos Alberto B. E. que son procesados por   un presunto caso de asociación ilícita.  

La denuncia  fue  presentada   por funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social luego de recibir presiones para que se asigne puestos en esa Institución. Este proceso se inició por un presunto delito de oferta de tráfico de influencias, pero  al encontrarse nuevos elementos que hicieron presumir la comisión de otras infracciones se reformularon los   cargos a presunta asociación ilícita.  

La fiscal del caso, Claudia Romero, en la audiencia pertinente, pidió que sean analizados los elementos de convicción presentados para formular la acusación fiscal y solicitar el llamamiento a juicio. Estos son: informes obtenidos a través de las escuchas debidamente autorizadas por la autoridad competente, en donde se pudo establecer las conexiones entre las personas investigadas, quienes negociaban la asignación de cargos directivos, asegurando contar con influyentes conexiones con funcionarios de alto nivel de en el Estado. 

Por estas razones, en una audiencia previa, solicitó que estos ciudadanos sean llamados a juicio, sin embargo, a pesar de existir elementos claros, suficientes y debidamente judicializados, que demuestran su presunta participación en una trama de corrupción de alto nivel, los mencionados ciudadanos fueron sobreseídos.

Según Fiscalía, la presunta red ofrecía colocar personas en cargos directivos de distintos hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que, posteriormente, los favorecerían con contratos, a cambio de cancelar valores que iban desde 5.000 y 10.000 dólares por cargos de nivel medio, 70.000 por la dirección de un hospital del día, 2’000.000 por una dirección médica o 4’000.0000 por la dirección de Salud.