CIDH RECIBE A DETRACTORES DE LA JUSTICIA DE ECUADOR,COSTA RICA Y PERU
PANAMA. — Detractores de la justicia de Ecuador, Costa Rica y Perú, acudieron a la CIDH para objetar la forma de administrar justicia en sus países y especial para defender a los jueces destituidos por irregularidades procesales.
Las denuncias fueron escuchadas por los miembros de la CIDH durante el 197° Período de Sesiones que se realiza hasta este viernes en Panamá.
Por Ecuador acudió la abogada María Miño Buitrón, quien no fue escogida como Relatora de la libertad de expresión de la citada Comisión.
Miño defiende a jueces destituidos por error inexcusable.
Además la Comisión recibió información sobre el acceso a la justicia, la institucionalidad democrática y la independencia judicial en Perú,Costa Rica y Granada; sobre la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador; búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Perú.
Asimismo, abordó la situación de diversos grupos en situación de exclusión o de riesgo; personas defensoras de derechos humanos en México; personas LGBTIQ+ en Centroamérica; niñas, niños y adolescentes migrantes; denuncias de adopciones irregulares y tráfico de niñas y niños en Chile; el pueblo raizal en Colombia; y mujeres privadas de libertad.
La Comisión tocó temas relacionados con las libertades fundamentales y el espacio cívico, la institucionalidad democrática y el uso del espacio cívico en Ecuador, la libertad de expresión y la libertad académica en Estados Unidos, la libertad de religión y de creencias en Nicaragua, y el impacto del control digital sobre el espacio cívico en Venezuela.
Examinó los impactos de las políticas migratorias en Argentina; el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en Honduras; el acceso a la salud y a la justicia en casos de violencia obstétrica; la protección de los derechos humanos de las víctimas de desastres naturales en Venezuela; y los impactos de la extracción de minerales críticos para la transición energética.
Asimismo receptó quejas sobre la situación de las personas privadas de libertad en El Salvador, la responsabilidad penal en la adolescencia en Brasil, los estándares de actuación policial en villas y comunidades de la Amazonía brasileña, y la regulación de la pena de muerte en Cuba.
Las audiencias públicas incluyeron casos individuales.
