La indagación previa se abrió contra el presidente del CPCCS, Alembert Vera y los vocales Nicole Bonifaz, Mishelle Calvache, Johanna Verdezoto, Yadira Saltos, Augusto Verduga y Andrés Fantoni. “Quiero denunciar que se ha iniciado un proceso de persecución al Consejo de Participación Ciudadana, ya que hemos sido notificados con el inicio de una indagación previa en contra de los siete consejeros. Es un acto repudiable e innecesario”, declaró el nuevo presidente.
A la Fiscal General Diana Salazar le “quieren cortar la cabeza” aduciendo que los documentos que presentó para su selección ante el organismo son inconsistentes. La denuncia fue presentada por la esposa del ex defensor del Pueblo, Freddy Carrión, actualmente en la cárcel cumpliendo una sentencia por abuso sexual. En el fondo lo que quieren es sacarla del medio porque su gestión permitió que Ecuador conozca la más grande red de corrupción pública nunca antes vista y encabezada por los ex gobernantes Correa Delgado y Jorge Glas y un grupo de ministros de su confianza. Los casos judiciales contra esta red alcanzaron sentencia. Glas la cumple en libertad condicional mientras el ex gobernante se encuentra prófugo, pero esperanzado de que sin la Fiscal Salazar su caso se revertirá a su favor.
Dicha ciudadana sostiene que las calificaciones de méritos, del examen escrito, oral y el puntaje a un libro que presentó la fiscal Salazar para el concurso público al que se postuló en el 2019 no son creíbles, especialmente un libro que no cita fuentes y supuestamente transcribe párrafos de diferentes autores.
La Fiscalía denunció que el CPCCS estaría alterando o borrando los documentos públicos, relacionados con la elección de Diana Salazar. Hay un intento de “alterar o borrar los archivos y documentos que respaldan el concurso de designación en un intento más de una serie de acciones con las que personas inescrupulosas intentan impedir la permanencia de Diana Salazar en sus funciones y que tienen como afán generar desinformación e inestabilidad, tratando de desprestigiar el trabajo desarrollado por la actual administración”,dice el comunicado. en el que pide una copia certificada de los archivos de “manera que no se altere la información que ahí reposa”.
Vera dijo que la Fiscalía inicia procesos penales por “chismes o tuits promovidos por farsantes y mentes ratoniles que pretenden lesionar el funcionamiento de las competencias del Consejo. Es falso y absurdo pretender decir que esta información se pueda alterar, borrar o desaparecer, porque la información de los concursos está en la página web y consta no solo en la Secretaría General del Consejo, sino que el respaldo consta en el Departamento de Tecnología. Toda esta información consta en los resguardos del Ministerio de Telecomunicaciones. Si quiere allanar, vaya a allanar el Ministerio de Telecomunicaciones”, declaró Vera.
Vera se candidatizó a consejero auspiciado por la Revolución Ciudadana y en la campaña electoral se lo vio en carteles, afiches y otros recursos de propaganda junto al ex presidente, Rafael Correa Delgado.
El ahora presidente del CPCCS fue, junto a su padre, abogado del expresidente Rafael Correa en la demanda contra diario El Universo en la que pretendían una indemnización de 40 millones de dólares en favor del ex presidente Correa.
“Qué actuación se puede hacer en contra de la fiscal. Este Consejo lo que puede hacer es dar información, pero de ahí no existe ninguna competencia específica. Lo que han generado es una línea discursiva en la cual nosotros hemos propiciado un malestar a la fiscal. Basta que se pida la información, sea de quien sea. Si alguien se ofende porque entrego información, pues es mi competencia. No sabemos cuál es la intención”, reiteró Vera
La Corte Constitucional (CC) en el 2019 blindó todas las decisiones del CPCCS de Transición sobre la selección de las autoridades de control, entre ellas, de la fiscal Diana Salazar por lo tanto la designación de la fiscal general del Estado no puede ser revisada por el Consejo de Participación Ciudadana.
QUITO,19 MAY.2023(Agencia Ane)._ Los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) son investigados por la Fiscalía General del Estado, a cinco días de que asumieron sus cargos, tras ser electos en los comicios de febrero pasado.