En base a estos informes se iniciarán las investigaciones previas antes de someterlos a procesos o pedir  su detención provisional.Según datos  oficiales  el mencionado órgano de control fiscal  ha realizado 110 informes de exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas de fiscales, jueces y funcionarios judiciales; 59 de los 110 informe aprobados, son informes con indicios de responsabilidad penal por diferencias injustificadas en los activos y pasivos de los servidores.

En el Consejo de la Judicatura de las  108 auditorías realizadas  hay  57 informes con indicios de responsabilidad penal. En esta entidad además se ejecutan 36 acciones de control adicionales.Las provincias intervenidas son Azuay, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe.

En  la Fiscalía General del Estado hay 2 informes con indicios de responsabilidad penal  y 24 acciones de control están en ejecución  en  las provincias de Azuay, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe.

De otro lado se han auditado y elevado a informes con responsabilidades  penales  de miembros  de la Asamblea Nacional, generales de Fuerzas Armadas y Policía Nacional; funcionarios del Gobierno Central y de los gobiernos autónomos descentralizados;de las empresas públicas en los sectores estratégicos y de la misma  Contraloría General del Estado.Hay 134 informes de exámenes a declaraciones patrimoniales juradas, de ellas, 45 fueron  contienen responsabilidad penal.