Este Grupo Ministerial, según la resolución, excluirá el uso de la fuerza porque es incompatible con el derecho internacional.

Según el Consejo con  las condiciones concretas que  presente el Grupo,los nicaragüenses podrán participar en la vida pública, recuperar la confianza en sus instituciones y definir el futuro de su país

De acuerdo con la información de la OEA es indispensable:

• Impulsar el diálogo diplomático para crear condiciones para que los nicaragüenses puedan ejercer libremente sus derechos y determinar su propio futuro político mediante instituciones democráticas y elecciones libres, justas e inclusivas.
• La liberación incondicional de todos los presos políticos y la divulgación del paradero y el estado de las personas sometidas a desaparición forzada, restitución de la nacionalidad y de los derechos asociados a ella a quienes hayan sido privados arbitrariamente de estos, así como su retorno seguro y voluntario, sin temor a represalias.
• El establecimiento de las libertades fundamentales para que los medios de comunicación independientes,  sociedad civil,  instituciones religiosas,  universidades y  empresas puedan operar libremente.
• Recuperar  la independencia de las instituciones del Estado con el restablecimiento  de la separación de poderes y el pluralismo político, así como contar con instituciones electorales confiables y con observación electoral internacional.
• Crear un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, el mismo que deberá iniciar sus trabajos dentro de 30 días para procurar entablar un diálogo  directo con las autoridades nicaragüenses y realizar una visita al país, preferiblemente con los ministros de Relaciones Exteriores que formen este Grupo.
• Diálogo con todos los sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales de Nicaragua, incluidos la oposición, la sociedad civil y las comunidades nicaragüenses en el exilio. 
  La resolución también dispone que, dentro de los 60 días siguientes, el Grupo deberá presentar recomendaciones, incluidas acciones diplomáticas y jurídicas concretas que excluyan el uso de la fuerza y sean compatibles con el derecho internacional. La resolución  apoya  la investigación y documentación de violaciones graves de los derechos humanos y a la preservación de pruebas.